Un fallo unánime contra la cúpula militar de la guerra civil
La resolución, emitida el 10 de septiembre de 2026 y notificada a las partes el 16 de septiembre, desestimó de forma unánime los recursos de casación promovidos por las defensas de José Guillermo García, Francisco Antonio Morán Reyes y Mario Adalberto Reyes Mena. Según el propio tribunal, los escritos eran reproducciones de argumentos ya planteados en etapas anteriores y carecían de desarrollo técnico nuevo orientado a cuestionar los fundamentos de la condena. De este modo, la Sala de lo Penal mantuvo la pena de 30 años de prisión para cada uno, previamente impuesta en primera instancia y ratificada por la Cámara de Apelaciones en abril de 2026, por el delito de asesinato en perjuicio de las libertades de información y prensa.
Quiénes son los condenados y cómo cumplirán la pena
Los tres sentenciados integraban la estructura de mando superior de la Fuerza Armada de El Salvador durante los primeros años de la guerra civil. José Guillermo García, de 93 años, ostentaba el rango de general y se desempeñaba como ministro de la Defensa Nacional al momento de los hechos. Francisco Antonio Morán Reyes, hoy de 94 años, era coronel y director general de la extinta Policía de Hacienda, cuerpo de seguridad pública de carácter militar. Por su parte, Mario Adalberto Reyes Mena, de 86 años, era coronel y comandante general de la Cuarta Brigada de Infantería con sede en la base militar de El Paraíso, Chalatenango. La Sala de lo Penal confirmó que, debido a la avanzada edad y al estado de salud de García y Morán Reyes, el cumplimiento de la sanción se efectuará en centros hospitalarios o bajo el resguardo médico que determinen los juzgados de vigilancia penitenciaria, mientras que Reyes Mena permanece fuera del país bajo un proceso de extradición gestionado desde los Estados Unidos.
Un caso reabierto tras la derogación de la Ley de Amnistía General
El proceso judicial solo fue posible después de que en 2016 se derogara la Ley de Amnistía General, que durante décadas había bloqueado la investigación de crímenes cometidos en el conflicto armado. En 2018, el Juzgado de Dulce Nombre de María, en el departamento de Chalatenango, reabrió las diligencias relativas a la matanza de los cuatro periodistas de origen holandés. La causa se tramitó conforme al Código Procesal Penal de 1973, la normativa vigente cuando ocurrieron los hechos. El 3 de junio de 2025, tras la vista pública, el juzgado dictó un veredicto de culpabilidad contra los exjefes militares; las penas iniciales fueron luego unificadas y fijadas en 30 años de prisión por la Cámara de Apelaciones, decisión ahora consolidada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
El ataque en La Lomona y el trabajo periodístico de IKON
Las víctimas fueron los periodistas holandeses Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen, quienes se encontraban en El Salvador para filmar un documental sobre la situación política y militar del país y los impactos del conflicto en las comunidades rurales del norte. Su trabajo fue encargado y financiado por la corporación pública de televisión del Reino de los Países Bajos IKON. Documentos y testimonios incorporados al expediente señalan que el equipo sufrió vigilancia y fue sometido a interrogatorios en dependencias oficiales días antes de la masacre, en un esfuerzo por limitar su labor informativa. El 17 de marzo de 1982, cuando se dirigían hacia la zona rural de Chalatenango, el grupo fue emboscado en el lugar conocido como La Lomona, jurisdicción de Santa Rita. La investigación judicial estableció que los soldados que ejecutaron el ataque pertenecían al Batallón de Infantería Reaccionaria Atonal y salieron de la Cuarta Brigada de Infantería de El Paraíso siguiendo planes operativos previamente definidos por el alto mando local; los cuatro periodistas murieron en el sitio a causa de los disparos.
Implicaciones para la justicia transicional y la libertad de prensa
La decisión de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador se inscribe en un escenario en el que se comienzan a revisar responsabilidades por hechos de la guerra civil que por años permanecieron en la impunidad. El reconocimiento judicial de que la masacre de los periodistas holandeses afectó directamente a las libertades de información y prensa supone un mensaje contundente frente a los ataques contra corresponsales extranjeros y medios internacionales como IKON. Al cerrar la vía de casación, el tribunal abre la etapa de ejecución de las penas y refuerza la posibilidad de que otros casos graves del conflicto sigan una ruta similar: investigación reabierta, responsabilidad individualizada y condena firme, elementos clave para cualquier agenda futura de justicia transicional en El Salvador.
