Del caso Harold Gene Lucas al récord de ejecuciones
Harold Gene Lucas, de 74 años, fue ejecutado por inyección letal en la Prisión del Estado de Florida, en la localidad de Raiford, por el asesinato a tiros de la joven Jill Piper en 1976, cuando él tenía 24. De acuerdo con BBC News Mundo, ninguna otra persona condenada en Estados Unidos había pasado tanto tiempo en el corredor de la muerte. En la sala, separados por un cristal, presenciaron la ejecución unas 40 personas, entre ellas familiares de la víctima. A las 6:18 pm se declaró oficialmente su muerte y su familia dijo sentir una gran sensación de alivio, mientras asociaciones como Floridanos por una Alternativa a la Pena de Muerte denunciaron una vida marcada por la violencia familiar y por un sistema que prioriza el castigo extremo sobre la rehabilitación.
Florida avanza a contracorriente del resto del país
Estados Unidos es el único país democrático occidental que mantiene la pena de muerte, pero la tendencia general es de retroceso. Según Gallup, solo el 53% de los estadounidenses apoyaba en octubre de 2024 la pena capital para personas condenadas por asesinato, el porcentaje más bajo en 50 años frente al 80% de 1994. Aunque 27 estados conservan esta sanción en sus códigos, solo 10 han ejecutado a alguien en los últimos diez años y en 2026 la cifra se reduce a 6 jurisdicciones. De acuerdo con el Centro de Información de la Pena de Muerte, Florida supera ya este año a todos los demás: suma 14 ejecuciones, frente a las 4 de Texas, y en 2025 alcanzó 19, el máximo desde que el país reanudó las ejecuciones en 1976 tras la suspensión decretada por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1972. Para la abogada Maria DeLiberato, responsable del programa sobre pena capital de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, el estado "va contracorriente" al acelerar la maquinaria de muerte cuando el resto del país la frena.
El poder discrecional de Ron DeSantis y la nueva arquitectura legal
La legislación de Florida otorga al gobernador Ron DeSantis un amplio margen para fijar quién muere y cuándo. De los cerca de 250 internos en el corredor de la muerte, la vida de aquellos que han agotado sus apelaciones depende de que el gobernador firme su orden de ejecución. DeLiberato critica que DeSantis no haga públicos los criterios que usa y afirma que, en la práctica, podría estar eligiendo casi al azar. Aunque solo ordenó nueve ejecuciones en sus primeros cinco años de mandato y mantuvo una pausa entre 2020 y 2022, ahora firma órdenes con mucha más frecuencia. Junto a este activismo ejecutor, DeSantis ha rediseñado el marco legal: tras la condena a cadena perpetua de Nikolas Cruz —responsable del asesinato de 17 personas en un instituto de Parkland en 2018— porque el jurado no alcanzó la unanimidad, impulsó una reforma para que basten 8 votos de los 12 jurados para imponer la pena de muerte, haciendo de Florida el estado con el umbral más bajo para este castigo. Además, ha promovido una norma que establece la condena automática a muerte para extranjeros en situación irregular declarados culpables de ciertos delitos capitales, una disposición que juristas consideran contraria a décadas de doctrina de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Errores judiciales, sesgo racial y oposición conservadora y religiosa
Mientras endurece el sistema, Florida exhibe el peor historial del país en condenas erróneas. Según el Centro de Información de la Pena de Muerte, 30 personas condenadas a muerte en este estado fueron posteriormente exoneradas, muchas tras pasar años presas. Organizaciones como Conservadores Preocupados, a la que pertenece Demetrius Minor, alertan de que reducir el requisito del jurado a 8 votos y ampliar los supuestos de pena capital incrementará el riesgo de nuevos fallos irreparables. Minor, conservador que apoya otras políticas de DeSantis, cuestiona que un Estado que comete errores administrativos y fiscales tenga la potestad de matar cuando no puede corregir un fallo fatal. A la vez, Floridanos por una Alternativa a la Pena de Muerte destaca el "largo legado de racismo" en el sistema penal estatal, que según Grace Hanna multiplica las probabilidades de que las personas afroestadounidenses terminen en el corredor de la muerte. Los obispos de Florida, a través de su portavoz Michael Sheedy, sostienen que es posible proteger a la sociedad sin recurrir a las ejecuciones y recuerdan que han enviado más de 30 cartas de clemencia a DeSantis sin obtener respuesta, insistiendo en que la pena capital no demuestra efecto disuasorio y solo prolonga el ciclo de violencia.
Un futuro incierto entre tribunales y política
Las reformas legales aprobadas bajo el mandato de Ron DeSantis se enfrentarán previsiblemente al escrutinio de la Corte Suprema de Estados Unidos, especialmente la condena automática a muerte para extranjeros sin documentación en determinados delitos capitales. Expertos como Maria DeLiberato sostienen que choca con precedentes que exigen que un jurado evalúe agravantes y atenuantes caso por caso y que prohíben la pena de muerte cuando no hay pérdida de vida. Sin embargo, los tiempos judiciales pueden ser largos y, mientras tanto, la sala de ejecuciones de Raiford continúa en funcionamiento habitual cada pocas semanas. Con el mandato del gobernador aproximándose a su fin y la posibilidad de que busque de nuevo la candidatura presidencial republicana, Florida se perfila como el laboratorio de una política penal extrema que tensiona el debate nacional sobre derechos humanos, errores judiciales y hasta dónde puede llegar el poder punitivo del Estado.
