Un régimen prolongado y familias en limbo
El régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador en marzo de 2022 como una medida temporal para enfrentar a las pandillas, se ha prorrogado mes a mes durante más de cuatro años y ha suspendido derechos constitucionales básicos, según el contexto recogido por BBC News Mundo. Bajo esta figura se multiplicaron las capturas por el delito de “agrupaciones ilícitas”, casi siempre sin orden judicial, y se implantaron audiencias colectivas que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, vulneran el derecho a la defensa y al debido proceso. El presidente Nayib Bukele justifica la política señalando que la violencia callejera se redujo de forma drástica y afirma que solo se han cometido “un par de errores”, asegurando que ya se liberó a unas 7 000 personas. Sin embargo, la Presidencia de El Salvador no ha respondido a los reclamos concretos de Madres por la Libertad, pese a solicitudes de comentario.
Historias de desaparición en las cárceles
La experiencia de Marcela Alvarado ilustra la opacidad del sistema. Su hijo, José Duval Mata Alvarado, fue detenido por soldados el 18 de abril de 2022 en la comunidad rural La Noria, en Jiquilisco, cuando regresaba de trabajar como tractorista. Está acusado de agrupaciones ilícitas, pero BBC News Mundo constató que dos jueces ordenaron su liberación inmediata sin que hasta hoy se haya ejecutado. Ella solo recibe la confirmación verbal de que sigue en el Cecot cuando deja, cada mes, un paquete de alimentos y artículos básicos. Madres como Liliana Urías, en Puerto El Triunfo, departamento de Usulután, relatan cuadros similares: su hijo Merlon Urías fue capturado el 30 de marzo de 2022, y un mes y seis días después detuvieron a su esposo, Israel Reyes. Ambos permanecen recluidos, uno en el centro penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona, y el otro en Izalco, a la espera de una tercera audiencia de carácter condenatorio, en procesos donde son juzgados junto a centenares de personas.
Del duelo individual a la organización colectiva
Lo que comenzó como búsquedas solitarias en comisarías, juzgados y penitenciarías derivó en una red nacional de apoyo. De acuerdo con las propias integrantes, Madres por la Libertad nació de manera orgánica en el sur del país, en el Bajo Lempa, al coincidir mujeres en las puertas de los penales preguntando por sus familiares. Hoy son cientos de mujeres —madres, hermanas, tías y esposas— que comparten información, gastos de transporte y estrategias legales para enfrentar a la Dirección General de Centros Penales y a la Procuraduría, y que han presentado escritos ante la Procuraduría de Derechos Humanos y la propia Asamblea Legislativa de El Salvador. En la isla Espíritu Santo, la esposa de Cristian Donely Ruiz Pineda, Carolina Martínez, detalla que de unas 350 familias aún hay 17 personas presas. En Cuisnahuat, departamento de Sonsonate, Leyla Arely Martínez se sumó al colectivo tras la detención de sus hermanos Marcos Neftaly y David Ernesto Coreto Martínez, un militar en activo de 24 años y un trabajador del campo de 31, arrestados en mayo de 2022 y ahora recluidos en la granja penitenciaria de Santa Ana.
Costos económicos y emocionales para las más pobres
La carga recae casi por completo en las mujeres de menores ingresos. Un informe de 2023 de la organización de derechos humanos Cristosal, citado por BBC News Mundo, concluyó que las mujeres son de los grupos más golpeados por el régimen, al asumir la búsqueda de los detenidos, el pago de abogados y la entrega mensual de alimentos y medicinas, que ronda los 100 dólares por paquete. Aunque el Fondo Monetario Internacional calculó que la economía salvadoreña creció un 3,9 % en 2025 y proyectó un 4,5 % para 2026, estos números no alivian a quienes dependen de un salario que ya no llega porque el principal sostén del hogar está preso. Liliana Urías describe que el lugar de protesta revela quiénes pagan el costo: casi solo campesinas, pescadoras o vendedoras informales que quedaron a cargo de hijos pequeños y personas mayores mientras sus familiares enfrentan procesos masivos. Para muchas, la única señal de vida de sus seres queridos son comentarios aislados de custodios sobre cambios de celda o traslados de penal.
Del aplauso a la política de seguridad a la exigencia de justicia
La drástica reducción de homicidios le permitió a Nayib Bukele obtener alrededor del 90 % de los votos en las elecciones de febrero de 2024, consolidando su narrativa de “guerra contra las pandillas”. Sin embargo, la misma política que alimenta su popularidad mantiene a miles de familias sin respuestas. Madres por la Libertad realiza cada mes una concentración silenciosa en las gradas de la catedral de San Salvador, con fotografías de los detenidos y demandas claras: información oficial sobre el paradero de sus familiares, juicios individuales y justos, visitas regulares a las cárceles y revisión de los casos sin pruebas sólidas. Su objetivo inmediato es evitar que los presos sin condena ni contacto con sus familias queden enterrados en el olvido institucional; a mediano plazo, buscan que la Fiscalía General de la República y los tribunales abandonen los procesos masivos y garanticen el examen caso por caso de las más de 91 000 detenciones ejecutadas bajo el régimen de excepción.
