Operativo simultáneo en Colón, San Juan Opico y Sacacoyo
La intervención fue coordinada por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, que desplegaron equipos en los distritos de Colón —en específico en el cantón Lourdes—, San Juan Opico y Sacacoyo, principalmente en el sector conocido como Villa Suchit. De acuerdo con las autoridades, los allanamientos se centraron en inmuebles vinculados a una estructura que habría iniciado operaciones de narcomenudeo a principios de 2026, aprovechando la cercanía con rutas utilizadas para trasladar droga desde Guatemala hacia El Salvador.
Estructura investigada y liderazgo atribuido
Entre las personas detenidas destaca Katia María Fernández Salazar, señalada por la Fiscalía General de la República como la presunta líder de la organización y quien, según la investigación, operaba desde la colonia Las Jacarandas en La Libertad. Junto a ella fueron capturadas Wendy Yamileth Pineda Lopez, José Mauricio Moreno Zapata, Brayan Alexander García Martínez y Jorge Alberto Pineda Ponce, todos investigados por su presunta participación en la compra, almacenamiento y distribución de cocaína, marihuana y metanfetaminas a pequeña escala en la zona occidental del departamento.
Droga traída desde Guatemala y distribuida al menudeo
Las instituciones de seguridad sostienen que la red no solo controlaba puntos de venta, sino que utilizaba a terceras personas como vendedores callejeros. De acuerdo con la versión oficial, “toda esta droga era traída desde Guatemala y la distribuían en El Salvador, utilizando a varias personas para venderla bajo la modalidad de narcomenudeo”. Esta modalidad, que fragmenta el mercado en múltiples manos, complica la detección de las cadenas de suministro y obliga a las autoridades a documentar de forma rigurosa los eslabones entre proveedores, transportistas y distribuidores locales.
Delitos imputados y siguiente fase del caso
Tras las capturas, la Fiscalía General de la República afirmó que “los detenidos serán procesados por los delitos de tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas”, figuras penales que, de ser acreditadas por un tribunal, conllevan penas de prisión significativas. De momento, las personas capturadas conservan la presunción de inocencia y corresponde a la Fiscalía aportar pruebas suficientes para sustentar su acusación en la etapa judicial. El caso se perfila como un nuevo ensayo para medir la capacidad de las instituciones salvadoreñas de seguir el rastro del narcomenudeo transfronterizo y escalar las investigaciones hacia las estructuras de abastecimiento que operan más allá de las fronteras nacionales.
