Reactivación del programa y metas fiscales más exigentes
Según el propio Fondo Monetario Internacional, el entendimiento supone la reactivación de los desembolsos tras más de un año de pausa e incluye un giro potencial de 101,96 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a cerca de 140 millones de dólares. Con ello, el acumulado del programa SAF ascendería a 172,32 millones de DEG, de un total aprobado de 1 033,92 millones de DEG. El organismo destaca que la actividad económica salvadoreña superó las previsiones y proyecta un crecimiento del PIB real del 4,5 % para 2026, apoyado en inversión privada, consumo, remesas y turismo, factores que el FMI vincula a una mayor seguridad y confianza de los inversionistas.
Ajuste fiscal, deuda y cambios en el servicio civil
El acuerdo técnico prioriza una consolidación fiscal basada en prudencia en el gasto y mejoras en la recaudación tributaria. De acuerdo con el FMI, la meta es elevar el superávit primario del Sector Público No Financiero del 2,9 % al 3,7 % del PIB en 2027, con el objetivo de reducir la deuda pública hasta el 80 % del PIB para 2030. Estas metas suponen un margen fiscal estrecho y una mayor disciplina sobre el gasto corriente, especialmente el componente salarial. En esa línea, el organismo espera que el Gobierno presente un proyecto de reforma del servicio civil orientado a “optimizar la eficiencia estatal y contener el gasto salarial”, lo que anticipa una revisión profunda de plazas, remuneraciones y condiciones laborales del sector público.
Pensiones: más años de trabajo, mayor aporte y revisión de beneficios
El capítulo previsional es uno de los más sensibles del paquete. El FMI condiciona el programa a una reforma de la actual Ley Integral de Pensiones, con varios ejes. En primer lugar, plantea un incremento de la edad de retiro, porque, de acuerdo con sus evaluaciones, “la edad de jubilación vigente —fijada actualmente en 55 años para mujeres y 60 años para hombres— se sitúa por debajo de los promedios recomendados para la sostenibilidad demográfica”. La recomendación es que El Salvador equipare de forma progresiva la edad de retiro al estándar internacional de 65 años para mujeres y hombres. Además, el organismo sugiere elevar las tasas de cotización de empleados y empleadores para aumentar los ingresos de los fondos previsionales y “reestructurar las fórmulas utilizadas para determinar el monto de las pensiones con base en los años cotizados, buscando un equilibrio entre los beneficios recibidos y la recaudación real”. Como parte del mismo paquete, el Estado deberá reconocer y regularizar los pasivos acumulados con las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas, en particular aquellos ligados al vencimiento del período de gracia en el pago de intereses de la deuda previsional. El compromiso es que la legislación complementaria sobre pensiones se presente y apruebe en la Asamblea Legislativa a lo largo de 2027.
Reservas, crisis bancarias y reorganización del experimento con Bitcoin
El Fondo Monetario Internacional también fija condiciones para el ámbito financiero. Entre ellas, un “mayor fortalecimiento financiero” que incluya acumulación de reservas internacionales y la actualización de la regulación de crisis bancarias, con el fin de dotar de más herramientas al Estado en caso de tensiones en el sistema. En paralelo, el FMI deja constancia de cambios sustanciales en la política de activos digitales. Reconoce que la gestión operativa de la billetera electrónica Chivo y las políticas vinculadas a Bitcoin ya no están totalmente en manos del Estado, y que la administración de la billetera pasó a un operador privado donde el Gobierno mantiene solo una participación minoritaria. El organismo afirma haber corroborado que las compras recientes de Bitcoin se financiaron con donaciones privadas y no con recursos públicos, y adelanta que se acordó modernizar el marco de supervisión de activos digitales.
Un acuerdo con alivio financiero inmediato y un alto costo político potencial
La combinación de metas fiscales más ambiciosas y reformas paramétricas en el sistema de pensiones anticipa un escenario de fuertes tensiones políticas y sociales en los próximos años. Aunque el nuevo desembolso de aproximadamente 140 millones de dólares ofrece alivio de corto plazo a las finanzas públicas y refuerza la narrativa oficial de crecimiento del 4,5 % del PIB, los ajustes exigidos implican para la población trabajar más años, cotizar más y aceptar cambios en el cálculo de sus pensiones. El calendario es apretado: antes de finalizar 2027, la Asamblea Legislativa deberá tramitar la legislación clave para cumplir el acuerdo. La verdadera prueba del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional será, por tanto, su viabilidad política interna y la capacidad del Gobierno para traducir estas obligaciones en políticas que no erosionen aún más la confianza ciudadana en el sistema previsional y en el empleo público.
