El documento analiza la Ley sobre la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, promulgada en agosto de 2024, la cual impone la interpretación talibán del islam y la sharía a través de 35 artículos que criminalizan toda religión distinta del islam suní y otorgan a las autoridades poderes amplios de vigilancia, arresto y detención.
Según la USCIRF, esta normativa afecta a toda la población afgana, pero golpea de manera desproporcionada a mujeres y minorías religiosas, quienes son objeto de represión sistemática y exclusión de la vida pública.
El informe subraya que los no musulmanes son obligados a practicar en secreto su fe o se exponen a arresto, tortura o incluso la muerte. El propio ministro talibán Khalid Hanafi llegó a declarar que hindúes, judíos, cristianos y sijs son “peor que los animales de cuatro patas”.
En el caso de las mujeres, la ley las obliga a cubrirse por completo y a salir de sus casas únicamente acompañadas de un tutor masculino. Además, prohíbe que hablen, canten o reciten en público, al considerar su voz como algo “íntimo” que debe ocultarse. La prohibición educativa para niñas mayores de 12 años, combinada con estas restricciones, elimina prácticamente su participación en la vida pública y religiosa.
La USCIRF denunció también conversiones forzadas, arrestos arbitrarios, torturas y asesinatos cometidos por agentes del Ministerio de la Virtud y el Vicio, que cuenta con más de 3.300 funcionarios desplegados en 28 de las 34 provincias. Un informe de la ONU citado por la comisión documenta que al menos 50 musulmanes ismailíes fueron obligados a convertirse al islam suní y que un hombre fue torturado y asesinado en la provincia de Badakhshan.
El informe concluye que la nueva ley moral consolida la eliminación sistemática de la libertad religiosa en Afganistán y advierte sobre la creciente vulnerabilidad de las mujeres, niñas y minorías frente al régimen talibán.
