Martes 13 Octubre 2026
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Estados Unidos: Una iglesia en San Antonio se convierte en refugio frente a las redadas del ICE

Treinta y dos colaboradores activos de la iglesia Good Shepherd Lutheran en San Antonio han sido detenidos y casi todos deportados desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, mientras que uno de cada cuatro de sus cerca de 500 hogares feligreses tiene a un miembro arrestado o expulsado, según registros internos de la pastora Dianne Garcia. El templo se ha convertido así en el único refugio estable para unos 50 niños que hoy crecen sin alguno de sus padres.

La pastora Dianne Garcia en la iglesia Good Shepherd Lutheran, refugio de migrantes en San Antonio.
La pastora Dianne Garcia, fundadora de la comunidad menonita en la iglesia Good Shepherd Lutheran de San Antonio, Texas, convirtió el templo en refugio para cientos de familias migrantes golpeadas por las redadas y deportaciones del ICE. Allí ofrece apoyo espiritual, ayuda económica y alojamiento temporal. (Foto: Brenda Bazan)
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Una iglesia que levanta su propio censo del dolor

La pastora Dianne Garcia, estadounidense de madre ecuatoriana, comenzó a documentar en tablas de Excel cada detención y expulsión de su comunidad menonita desde que fundó la iglesia en 2023 junto a cuatro mujeres migrantes de Venezuela, Honduras, República Dominicana y Haití. Esos registros dan cuerpo a lo que ya se percibe en los bancos del templo: familias incompletas, ingresos desplomados y miedo constante a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). García calcula que al menos 50 menores de su congregación viven hoy separados de uno de sus progenitores. A su juicio, la política migratoria actual no solo persigue a personas sin papeles; está rediseñando la estructura de los hogares en una ciudad mayoritariamente hispana como San Antonio.

Detenciones récord y cooperación policial a la carta

La presión sobre la comunidad migrante se refleja en las cifras oficiales. De acuerdo con datos del ICE procesados por el Deportation Data Project de la Universidad de California, Berkeley, la agencia detuvo en julio casi 50 000 personas, la mayor cifra mensual desde que Trump asumió su segunda Presidencia. Un análisis de *The New York Times* situó en marzo de 2026 a San Antonio como la segunda ciudad de Texas con más detenciones diarias de migrantes (71), solo por detrás de Dallas (85). Al menos seis cuerpos policiales locales han firmado acuerdos de cooperación 287(g) que les permiten ejercer funciones federales de inmigración, mientras el Gobierno de Trump ha ofrecido hasta 3 000 millones de dólares a Estados y gobiernos locales que se alineen con el Departamento de Seguridad Nacional. En este mapa, la iglesia opera prácticamente como un sistema paralelo de protección: ayuda con renta y comida, ofrece hospedaje temporal y se ha transformado en punto de contacto para quienes temen llamar a cualquier autoridad.

Del parole humanitario al miedo a abrir la puerta

La historia de Jennifer, una venezolana de 28 años que prefiere ocultar su apellido, ilustra cómo decisiones federales han vaciado de contenido las promesas de protección. Su familia entró a Estados Unidos en octubre de 2024 con el parole humanitario CHNV creado durante el Gobierno de Joe Biden, que otorgaba dos años de permanencia temporal. Pero en marzo de 2025, la administración Trump anunció la expiración de ese estatus para todos los beneficiarios, empujándolos a la irregularidad. Poco después, agentes del ICE llamaron durante tres días seguidos a la puerta del apartamento que alquilaban; Jennifer describe aquel episodio como “una escena de terror” que la dejó “traumada”. Tras mudarse a un área rural para esconderse, la familia terminó refugiada en la iglesia de Dianne Garcia, que identifican como su única red de apoyo. El miedo es tal que las hijas de Jennifer, de ocho, cinco y tres años, permanecen fuera de la escuela mientras su padre sale a trabajar con el temor constante de ser detenido.

Asilo en vilo y un trauma que se hereda

La experiencia de Yelin, también venezolana, muestra que ni siquiera los procesos pendientes de asilo frenan las detenciones. Pese a estar a la espera de una decisión migratoria, su esposo fue arrestado por el ICE en noviembre y permaneció ocho meses en un centro de detención. Ella asumió sola la renta, la comida y el cuidado de tres hijas, de ocho, diez y catorce años, hasta verse obligada a vender el automóvil familiar. La iglesia Good Shepherd Lutheran colaboró para pagar los abogados que lograron la liberación del marido en julio, pero el daño psicológico persiste: él se despierta sobresaltado de madrugada, temiendo una nueva redada, y las niñas siguen asociando cualquier retraso de su madre con la amenaza de “que llamen a migración”. Para la pastora Dianne Garcia, esa combinación de redadas masivas, cooperación policial ampliada y procesos administrativos inciertos está generando un trauma colectivo que, sostiene, marcará a la comunidad migrante de San Antonio durante generaciones y obligará a espacios religiosos y civiles a multiplicar esfuerzos de acompañamiento más allá de la mera ayuda material.