UMN habla de nombramiento “espurio” y advierte por legalidad
De acuerdo con la Unión Médica Nacional, la designación realizada por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Consejo de Gobierno constituye un acto “espurio”, al pretender definir desde el poder político quién debe representar al movimiento sindical ante la institución. El gremio sostiene que ninguna autoridad política o administrativa puede atribuirse la facultad de escoger al vocero de los sindicatos y que la representatividad debe emanar exclusivamente de la voluntad libre y democrática de las organizaciones de trabajadores. En esa línea, recalca que imponer a un interlocutor ajeno a los procesos internos de los sindicatos erosionaría el principio de legalidad y la autonomía sindical, pilares que consideran indispensables para un diálogo social genuino dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Antecedente clave: fallo de la Sala Constitucional y figura “pro tempore”
La Unión Médica Nacional recordó que la Sala Constitucional, mediante la Sentencia N.° 2026-031380, declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por la propia organización contra el nombramiento de Rocío Alfaro Molina como representante titular del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Según el comunicado, tras ese revés judicial se designó a otra persona como representante sindical “pro tempore”, también sin el aval de los sindicatos, lo que el gremio califica como el nombramiento de un “falso representante”. A juicio de la organización, esa figura provisional no solo resultaría engañosa, sino también contraria al criterio marcado por la Sala, al desconocer quién es el interlocutor legítimo del sector laboral. La UMN afirma que esta dinámica debilita el diálogo social, porque parte de desconocer a las organizaciones representativas para después imponerles un sustituto desde las estructuras de poder.
Riesgos de nulidad de acuerdos y tensiones sociales
La Unión Médica Nacional subraya que el conflicto no responde a disputas personales ni a una pelea por cargos, sino a la defensa de la libertad sindical, la autonomía organizativa y el respeto al marco jurídico. La organización advierte que los acuerdos que se adopten en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social con la participación o voto de una persona cuya investidura sindical esté en entredicho podrían enfrentar impugnaciones, anulación y consecuencias económicas para la institución. En su criterio, ese escenario podría implicar el pago de costas, desperdicio de recursos públicos, pérdida de tiempo e incluso eventuales responsabilidades penales, en caso de que se confirme la violación del principio de legalidad. Además, la UMN alerta de que desconocer la voluntad de las organizaciones sindicales abre paso a un ambiente de confrontación, desconfianza e inestabilidad social, contrario al fortalecimiento institucional que, sostiene, requiere el país para manejar los conflictos laborales en la Caja Costarricense de Seguro Social.
Cinco exigencias al Gobierno y a la Caja Costarricense de Seguro Social
Frente a este escenario, la Unión Médica Nacional presentó cinco exigencias dirigidas a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y al Consejo de Gobierno. En primer lugar, rechaza de forma categórica cualquier imposición de representantes sindicales que no cuenten con respaldo expreso de las organizaciones. En segundo término, demanda respeto irrestricto a la libertad y autonomía sindical, incluyendo los procedimientos internos mediante los cuales el movimiento obrero define a sus voceros. Como tercer punto, exige que las autoridades actúen de acuerdo con el principio de legalidad, ajustando las designaciones a la normativa y a los procedimientos democráticos ya establecidos. La cuarta solicitud es un llamado al diálogo responsable y al respeto institucional, que la UMN considera esenciales para preservar la paz social y la estabilidad democrática en Costa Rica. Finalmente, advierte que todo acuerdo tomado con intervención de un representante no electo conforme a derecho será impugnado por el gremio, pues lo consideran nulo y contrario a la ley.
Autonomía sindical como línea roja para el gremio médico
El pronunciamiento concluye con una defensa cerrada del derecho del movimiento sindical costarricense a elegir sin interferencias a sus representantes ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. La Unión Médica Nacional enfatiza que ninguna autoridad del Poder Ejecutivo ni de la Caja debe arrogarse la potestad de definir quién habla en nombre de los trabajadores, ya que esa facultad recae, por mandato democrático y organizativo, en los propios sindicatos. Para el gremio médico, este caso será una prueba de fuego sobre el alcance real de la libertad sindical en Costa Rica y sobre la capacidad de las instituciones para corregir designaciones que, a juicio de la UMN, podrían ser contrarias tanto al fallo de la Sala Constitucional como a la confianza necesaria para sostener mecanismos sólidos de diálogo social en la seguridad social costarricense.
