Orden directa a Rodrigo Chaves y plazo de una semana
Durante una conferencia de prensa, la mandataria se dirigió públicamente al ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, quien tiene a su cargo el Instituto Costarricense sobre Drogas. Fernández le pidió que “haga una revisión, don Rodrigo, con el equipo del ICD de todos los carros, todas los camiones, microbuses, cuadras ciclos, todos los vehículos”. La instrucción incluye elaborar un inventario minucioso y actualizado de las unidades que el Instituto Costarricense sobre Drogas ha entregado a distintas entidades del Estado.
Inventario exhaustivo de unidades asignadas por el ICD
La presidenta fue específica respecto al alcance del encargo al ministro de la Presidencia. Señaló que quiere “la lista ministro, todos los vehículos que el ICD ha asignado en diferentes instituciones, en instituciones de gobierno, municipalidades, asociaciones”. Con ello, busca establecer con claridad el paradero actual de cada unidad que forma parte del parque vehicular administrado por el Instituto Costarricense sobre Drogas, incluyendo automóviles, camiones, microbuses y cuadras ciclos asignados en el pasado a múltiples instancias públicas y organizaciones.
Reasignación prioritaria a la Fuerza Pública
Fernández subrayó que el objetivo central de la revisión no es solo administrativo, sino operativo en materia de seguridad. Afirmó que quiere “revisar dónde están esos carros y salvo fuerza mayor vamos a tener que recogerlos y asignarlos a la fuerza pública porque la situación del combate al crimen organizado es hoy por hoy la prioridad número uno del país”. Con esta declaración, la presidenta coloca a la Fuerza Pública como principal destinataria de los recursos vehiculares del Instituto Costarricense sobre Drogas, siempre que no existan justificaciones excepcionales para mantener las unidades en sus actuales instituciones.
Emergencia nacional de seguridad y exigencia de resultados
Al justificar la medida, la mandataria recordó que existe una emergencia nacional en materia de seguridad y que el combate al crimen organizado se presenta como la prioridad central del Gobierno de Costa Rica. En ese marco, demandó celeridad en la respuesta institucional y fijó un plazo concreto: pidió a Rodrigo Chaves que “ojalá que la próxima semana me pueda dar un reporte sobre este asunto”. La instrucción obliga al Ministerio de la Presidencia y al Instituto Costarricense sobre Drogas a entregar en pocos días un informe que permita decidir qué vehículos serán recuperados y reasignados para reforzar la capacidad operativa de la Fuerza Pública frente a las amenazas del crimen organizado.
