Consejo reivindica su autoridad y exhibe el voto del rector
En un comunicado difundido el 8 de septiembre de 2026, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica subrayó que, según el Estatuto Orgánico, es “el órgano superior de la Institución” y que sus decisiones son de “acatamiento obligatorio”. La precisión llega después de que la Rectoría de la Universidad de Costa Rica fuese invitada a valorar mecanismos para reconocer y pagar el citado 1,5 % de ajuste por costo de vida a todas las personas trabajadoras de la universidad, sin excepciones por régimen laboral. El órgano colegiado recordó además que fue la sesión extraordinaria n.º 6938, celebrada el 29 de septiembre de 2025, la que aprobó el Plan Anual Operativo y el Presupuesto Institucional para el ejercicio económico 2026, documento que ya incluía una previsión específica para ese reconocimiento salarial, respaldada por todos los miembros presentes, incluido el propio rector.
Ajuste por costo de vida no es un plus, advierte el órgano colegiado
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica también llevó la discusión al terreno jurídico-laboral al citar el artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo, que regula los ajustes remunerativos por costo de vida. Según su interpretación, la finalidad del mecanismo es preservar el poder adquisitivo ante la inflación y no crear nuevos incentivos ni aumentos discrecionales. De ahí que el órgano insistiera en que “este mecanismo reviste una naturaleza distinta a la creación de nuevos incentivos o aumentos salariales”, marcando una línea clara frente a lecturas que pretendan equiparar el ajuste al diseño de pluses o beneficios adicionales. Para el Consejo, reconocer el 1,5 % es una consecuencia lógica de la propia Convención Colectiva y del presupuesto 2026 que la misma institucionalidad aprobó.
Un ajuste para toda la planilla y no solo para un sector
La preocupación central manifestada por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica es el alcance del beneficio. El órgano colegiado sostuvo que su objetivo es que el ajuste por costo de vida llegue a la totalidad de la población trabajadora y no únicamente a un segmento. Por ello aseguró que “busca promover espacios de análisis técnico para que la Administración identifique mecanismos jurídicos, administrativos y presupuestario en apego al ordenamiento jurídico universitario y nacional”. En otras palabras, la invitación a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica no es un mero gesto simbólico, sino un llamado explícito a que la Administración diseñe las vías formales para aplicar el 1,5 % de manera generalizada, utilizando las herramientas ya contempladas en el Estatuto Orgánico, la Convención Colectiva de Trabajo y el presupuesto vigente.
Equilibrio entre estabilidad financiera y derechos laborales
Lejos de reducir el debate a un pulso político, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica enfatizó que sus resoluciones deben ponderar simultáneamente la salud financiera de la institución y los derechos del personal. Afirmó que “en su análisis y decisiones, el Consejo Universitario debe procurar el interés general de toda la comunidad universitaria”, lo que incluye, según explicó, una distribución justa de los recursos, el respeto a la normativa salarial y la protección del poder adquisitivo del funcionariado frente a la inflación. Al advertir que también le corresponde fiscalizar la gestión institucional, el órgano dejó claro que no se limitará a aprobar presupuestos, sino que dará seguimiento a su ejecución, especialmente cuando están vinculados con compromisos laborales como el ajuste por costo de vida del 1,5 %.
Consejo ofrece diálogo, pero fija límites institucionales
Aun con el recordatorio firme sobre la obligatoriedad de sus decisiones, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica cerró su mensaje con un tono de apertura hacia la Rectoría de la Universidad de Costa Rica y la Administración universitaria. Reafirmó su disposición “al diálogo institucional y a la búsqueda de soluciones que permitan armonizar el marco legal vigente con los principios que históricamente han orientado el desarrollo de la Universidad de Costa Rica”. La señal política es doble: por un lado, el órgano colegiado reivindica sin ambigüedades su condición de máxima instancia decisoria; por otro, invita a la Rectoría a construir una salida técnica que asegure la aplicación del 1,5 % de ajuste por costo de vida sin comprometer la estabilidad financiera. El desenlace de este choque de visiones será clave para definir cómo la universidad equilibra, en los próximos años, su autonomía, su gobernanza interna y la protección de los derechos laborales.
