Pueblo Soberano recoge una demanda histórica de la comunidad sorda
La iniciativa fue presentada por las diputadas Kattia Ulate y Anna Katharina Müller, de la fracción legislativa Pueblo Soberano, quienes actúan a partir de una propuesta elaborada por los comités Jurídico y de LESCO de la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASCOR). De acuerdo con el documento legislativo, el proyecto adiciona un segundo párrafo al artículo 76 de la Constitución Política para establecer que la LESCO constituye patrimonio cultural y lingüístico de la nación. Ese nuevo párrafo fijaría además el deber del Estado de adoptar medidas para su protección y promoción efectivas, así como para garantizar su enseñanza, desarrollo y uso como expresión de la identidad lingüística y cultural de la comunidad sorda costarricense.
Reconocimiento constitucional frente a un marco legal aún limitado
Actualmente, la Lengua de Señas Costarricense ya tiene reconocimiento legal mediante las leyes N.° 9049 y N.° 9822, que regulan aspectos de accesibilidad y derechos lingüísticos. Sin embargo, las impulsoras consideran que esas normas resultan insuficientes sin un respaldo en el texto constitucional. Según la exposición de motivos, elevar la LESCO al rango de la Constitución Política permitiría consolidar principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad e inclusión social frente a prácticas estatales que siguen siendo dispares entre instituciones. El proyecto subraya que la LESCO posee estructura gramatical, sintaxis y léxico propios, por lo que debe tratarse como una lengua natural y no como un simple recurso auxiliar de comunicación, lo que tiene implicaciones directas en educación, servicios públicos, justicia y trabajo.
ANASCOR y organizaciones de sordos presionan por garantías fuertes
De acuerdo con el texto presentado, la iniciativa responde a una movilización de años de la comunidad sorda, encabezada por la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica. La exposición recoge que ANASCOR y otros colectivos han impulsado durante largo tiempo el reconocimiento oficial de su lengua más allá de leyes específicas, exigiendo garantías equivalentes a las de cualquier otra lengua reconocida por el Estado. En el documento se afirma que, a juicio de las organizaciones, la ausencia de una mención expresa en la Carta Magna ha dejado a la LESCO en una posición subordinada frente al español, con efectos en la calidad y cobertura de intérpretes, en la formación docente especializada y en la producción de contenidos accesibles en instituciones públicas. El texto destaca que la LESCO es un elemento esencial de la identidad cultural y lingüística de las personas sordas costarricenses, y que su marginación normativa se traduce en brechas reales de acceso a derechos fundamentales.
Igualdad, diversidad cultural y derechos humanos como ejes del proyecto
El proyecto de reforma enfatiza que el reconocimiento constitucional de la LESCO pretende reforzar principios de diversidad cultural y respeto a los derechos humanos de las personas sordas. Al incorporar la lengua en el artículo 76, se buscaría consolidar la obligación estatal de asegurar accesibilidad comunicativa en procesos educativos, servicios de salud, trámites administrativos, información pública y participación política. Las diputadas impulsoras sostienen en el documento que “este proyecto es el resultado de años de lucha, organización y trabajo de la comunidad sorda, especialmente de ANASCOR. Nuestro deber es escuchar esa demanda histórica y convertirla en una garantía constitucional. La LESCO es una lengua plena, con estructura, identidad y cultura propias”. En esa línea, el respaldo de asociaciones nacionales y regionales de personas sordas, colectivos de intérpretes, educadores y usuarios de LESCO se perfila como un factor determinante para la discusión política futura, que deberá definir si el país asume la lengua de señas como parte inalienable de su patrimonio y no como una política accesoria.
Próximos pasos legislativos y retos para la implementación
Aunque el proyecto de reforma apenas inicia su recorrido en la Asamblea Legislativa, su aprobación implicaría revisar políticas públicas, presupuestos y programas de formación para cumplir con el nuevo mandato constitucional. Esto supone desafíos en la disponibilidad de intérpretes certificados, la adecuación de currículos educativos y la creación de protocolos claros de atención en LESCO en todas las instituciones del Estado. Para la comunidad sorda y para la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica, el verdadero alcance de esta reforma se medirá no solo en su incorporación al texto del artículo 76, sino en la transformación concreta de servicios y espacios públicos. El debate legislativo definirá si Costa Rica da un paso decisivo hacia un modelo de ciudadanía plena para las personas sordas o si mantiene el reconocimiento de la LESCO restringido a un marco legal secundario sin garantías suficientemente robustas.
