Recorte “grosero” y golpe a la operación diaria
Frente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Pérez calificó el ajuste de ₡1.087 millones como un impacto “de una manera grosera” para la institución. A su juicio, el recorte solicitado por el Ministerio de Hacienda no es un simple ajuste contable, sino un golpe directo a la estructura operativa de la Defensa Pública, encargada de movilizar personal a todo el país para atender a personas sin recursos. El jerarca subrayó que la principal afectación recaería en la capacidad de desplazar al recurso humano que brinda asesoría y representación, lo que reduciría la presencia efectiva de defensores en procesos laborales, pensiones alimentarias y asuntos agrarios. De mantenerse el recorte, la institución debería replantear cuántos servicios puede sostener con los fondos disponibles antes de que el deterioro sea, en sus palabras, inevitable y profundo.
La factura social del ajuste: quiénes pierden realmente
Pérez insistió en que la ciudadanía no debe ver este recorte como un problema interno del Poder Judicial. Remarcó que “a quienes afectan los recortes presupuestarios, en este caso de la Defensa Pública, es a las personas más vulnerables”, es decir, quienes no pueden pagar abogados privados y acuden a defensores en materias como lo laboral, las pensiones alimentarias y lo agrario. Al limitar la capacidad de operación, se reduce “la posibilidad material de ofrecer un servicio de calidad, eficiente”, advirtió. Para el director, el ajuste de ₡1.087 millones se traduce en un “daño social grave” que se manifestaría en audiencias postergadas, menor acompañamiento jurídico y, en última instancia, en que muchas personas vean denegado, en la práctica, su acceso a la justicia.
Acceso a la justicia en riesgo y llamado a denunciar el recorte
El director de la Defensa Pública fue contundente al señalar que el recorte podría desembocar en que “por mucho, se esté denegando el acceso a la justicia de las personas que así lo requieren”. Según explicó, el problema no es solo administrativo: cuando falten recursos para movilizar defensores o sostener la atención, la afectación se verá en los tribunales y en la vida de quienes dependen de estos servicios para resolver conflictos laborales, reclamar pensiones alimentarias o defender derechos en materia agraria. Frente a este escenario, Pérez afirmó que la institución no puede guardar silencio y que corresponde “expresarlo, denunciarlo, advertirlo” públicamente. También reconoció que la Defensa Pública tendrá que determinar “hasta dónde nos llegarán los recursos con que contamos”, pero advirtió que, “una vez que ya no tengamos los recursos, pues definitivamente la afectación del servicio es grave”. El próximo paso, planteó, pasa por visibilizar el costo social del ajuste y presionar por decisiones presupuestarias que no sacrifiquen el derecho de las personas más vulnerables a contar con defensa y asesoría legal efectiva.
