Un piloto con casi una década de servicio bajo la lupa disciplinaria
Según el propio David Damazio Fernández, quien afirma laborar en el Ministerio de Seguridad Pública desde 2017, la apertura del expediente disciplinario se formalizó el viernes anterior mediante dos oficios: uno firmado por el viceministro de Seguridad Pública, Nelson Barquero Pérez, y otro por el director del Servicio de Vigilancia Aérea, Javier Moreira Villegas. El piloto sostiene que la posible sanción disciplinaria abarca desde una suspensión de entre uno y 30 días sin goce de salario hasta el despido sin responsabilidad patronal, escenario que, a su juicio, tendría un impacto grave sobre su carrera y su situación económica. El funcionario remarcó que, en casi una década de servicio, no registra antecedentes disciplinarios ni procesos administrativos y que sus evaluaciones de desempeño han sido, según su propio relato, “excelentes”.
Críticas a la calificación de Costa Rica ante la OACI y al liderazgo de la presidenta
El proceso disciplinario se vincula, de acuerdo con la versión de Damazio, con declaraciones que brindó al medio de prensa *CRHoy* sobre la calificación de Costa Rica ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en su auditoría más reciente. El piloto insiste en que habló a título personal y no en representación del Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, considera que el señalamiento más delicado se relaciona con haber cuestionado el desempeño y las decisiones de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado. “Ser policía no significa que uno pierda su derecho a pensar, a opinar o a cuestionar”, afirmó al defender su postura. Sostiene que sus publicaciones en redes sociales no son injuriosas ni difamatorias y que “cuestionar el poder no es un delito”, subrayando que un funcionario uniformado mantiene derechos fundamentales como cualquier otro ciudadano.
Denuncias de corrupción en aviación civil y alegato de represalia
Más allá de las entrevistas y mensajes en redes, el piloto vincula el expediente disciplinario con actuaciones formales que ha impulsado ante instancias públicas. De acuerdo con su relato, acudió a la Fiscalía para denunciar hechos que consideró posibles actos de corrupción relacionados con funcionarios del Consejo Técnico de Aviación Civil y de la Dirección General de Aviación Civil. Además, asegura haber presentado un recurso de amparo contra el Poder Ejecutivo por la omisión en el nombramiento del Consejo Técnico de Aviación Civil. Para Damazio Fernández, la cercanía temporal entre esas acciones y la notificación del procedimiento disciplinario constituye una represalia directa por haber “cuestionado al poder” y por ejercer sus derechos ciudadanos. A su juicio, el expediente no responde a una falta concreta sino a un intento “abusivo de deshacerse del incómodo”. Hasta el momento, en la información disponible no figura una posición oficial detallada del Ministerio de Seguridad Pública sobre las motivaciones del proceso.
Libertad de expresión en cuerpos policiales y mensaje a Laura Fernández Delgado
En su declaración pública, el funcionario dirigió un mensaje explícito a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, a quien dijo respetar, pero a la que pidió que le permita ejercer su derecho a disentir. Solicitó poder señalar aquello con lo que no está de acuerdo, así como reconocer lo positivo cuando lo considere, sin temor a represalias laborales. Planteó, en forma de pregunta, si realmente cuestionar una decisión del Gobierno, pensar distinto o expresar públicamente su desacuerdo podría justificar su despido. Damazio subrayó que antes de ser funcionario es ciudadano y pidió que sus superiores jerárquicos no utilicen su posición para amedrentarlo. El caso introduce un debate sobre hasta dónde puede llegar la disciplina interna en el Ministerio de Seguridad Pública sin erosionar la libertad de expresión de los policías, un tema especialmente sensible en cuerpos armados y jerarquizados.
“No me voy a callar”: defensa, servicio y próximos pasos
Aun bajo el peso de un procedimiento que podría dejarlo sin salario o sin trabajo, David Damazio Fernández aseguró que mantendrá su compromiso con el Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica y que no permitirá que el conflicto afecte la atención a la ciudadanía. Anunció que buscará los recursos necesarios para asumir su defensa en las instancias administrativas y judiciales correspondientes, convencido de que actuó dentro de los márgenes que, según él, permite la legislación nacional. Recalcó que “no se va a callar” y que continuará expresando sus opiniones con respeto y responsabilidad, utilizando las vías formales que reconoce el ordenamiento jurídico. El avance del procedimiento disciplinario y la eventual respuesta de las instituciones aludidas —incluidos el Consejo Técnico de Aviación Civil, la Dirección General de Aviación Civil y el propio Poder Ejecutivo— marcarán los próximos capítulos de un caso que podría convertirse en referente sobre derechos y límites de expresión para funcionarios policiales en Costa Rica.
