Esquivel denuncia desigualdad en el empleo público y defiende la libertad de elección
Según la diputada Marta Esquivel, las condiciones actuales del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial constituyen una desigualdad dentro del empleo público, ya que los trabajadores judiciales afrontan una de las contribuciones obreras más elevadas sin conservar las ventajas históricas del régimen. La legisladora sostiene que las reformas de años recientes recortaron beneficios, pero mantuvieron una carga contributiva alta, lo que a su juicio desincentiva la permanencia en el sistema especial y erosiona la confianza de los cotizantes. En esa línea, Esquivel afirmó que “las personas trabajadoras del Poder Judicial deben tener el derecho de decidir dónde cotizar para su pensión. No es justo obligarlas a permanecer en un régimen que les exige aportes superiores, pero que ya no ofrece las mismas condiciones ni beneficios de antes”, subrayando que su propuesta se orienta a reconocer derechos individuales más que a imponer un modelo único. Para la congresista, abrir la competencia entre regímenes puede servir también como termómetro de la legitimidad del fondo judicial: si los funcionarios optan por salir, enviarán una señal clara sobre la calidad del sistema y sus reglas.
Traslado voluntario, protección de derechos adquiridos y efecto sobre el IVM
El texto presentado en la Asamblea Legislativa establece que tanto los funcionarios activos como quienes se incorporen al Poder Judicial en adelante podrán escoger de manera voluntaria su régimen previsional, sin traslados automáticos ni obligatorios. Marta Esquivel recalcó que “este proyecto no obliga a nadie a trasladarse. Quienes deseen permanecer en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial podrán hacerlo. Lo que estamos defendiendo es la libertad de elección y el derecho de cada trabajador a tomar la decisión que considere más conveniente para su futuro”. Para sostener esa promesa, la iniciativa incluye mecanismos para regular el traslado de cuotas y derechos acumulados, con el propósito de que no se pierdan años de aporte ni expectativas legítimas de pensión en caso de que los funcionarios opten por migrar al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esa regulación, según la exposición de motivos, busca equilibrar la seguridad jurídica de los trabajadores con la sostenibilidad financiera de ambos esquemas de pensiones.
Impacto en la Caja Costarricense de Seguro Social y debate sobre sostenibilidad
Además de ampliar la libertad de los funcionarios judiciales, el proyecto plantea un eventual fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) mediante el ingreso de nuevos cotizantes procedentes del Poder Judicial. Para la autora de la iniciativa, la incorporación de más asegurados puede aportar músculo financiero adicional y abrir una discusión más amplia sobre la equidad entre los regímenes financiados por trabajadores y Estado. La Caja Costarricense de Seguro Social se vería así en el centro de un rediseño del mapa previsional costarricense, en un país donde los debates sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones son frecuentes debido al envejecimiento poblacional y a las presiones fiscales. No obstante, la propuesta también supone retos: el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial podría experimentar una salida gradual de cotizantes si el IVM resulta más atractivo, con posibles efectos en sus finanzas de largo plazo. Esquivel sostiene que el diseño de reglas claras de traslado y la voluntariedad son claves para evitar desequilibrios abruptos, pero la discusión legislativa deberá precisar cómo se protegerá la estabilidad del fondo judicial y qué salvaguardas se implementarán para no trasladar costos ocultos a las finanzas públicas.
Reforma en un sistema marcado por privilegios y ajustes previos
La iniciativa se inserta en una trayectoria de reformas al sistema de pensiones que Costa Rica ha ensayado para responder a los desafíos demográficos y económicos. Durante años, los regímenes especiales, incluido el del Poder Judicial, han sido cuestionados por sus reglas diferenciadas y sus beneficios percibidos como privilegiados frente a los de otros sectores cubiertos por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). En ese contexto, las modificaciones aplicadas al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial redujeron beneficios para mejorar su estabilidad, pero mantuvieron un nivel de aporte obrero elevado, lo que abre ahora una nueva disputa política sobre si es razonable forzar la permanencia de los trabajadores en ese sistema. Con el proyecto de Marta Esquivel, la discusión ya no gira solo alrededor de los números actuariales, sino también de la transparencia y la equidad en el diseño de los regímenes. La Asamblea Legislativa deberá evaluar si la libertad de elegir incrementa la justicia previsional o si, por el contrario, introduce riesgos de fragmentación y de financiamiento que terminen afectando tanto al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial como al propio IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social, en un momento en que cada decisión sobre pensiones condiciona el futuro de las finanzas públicas y de las próximas generaciones de jubilados.
