Artavia vincula el fin de los alquileres con una reingeniería del gasto público
El legislador de Pueblo Soberano presentó los datos como la principal justificación económica del proyecto Ciudad Gobierno, concebido para concentrar en una misma zona las dependencias estatales que hoy ocupan edificios alquilados. De acuerdo con Artavia, el Ministerio de Planificación ha sido “contundente” al señalar que el Estado costarricense podría dejar de pagar alrededor de 20 millones de dólares al año en alquileres, lo que a 10 años se traduciría en un ahorro directo acumulado superior a 200 millones de dólares. Para el diputado, ese monto no debería quedarse en una simple cifra contable, sino convertirse en una herramienta para reorientar el gasto hacia infraestructura social y servicios públicos, siempre que se ejecute con controles estrictos y una programación presupuestaria clara.
Promesas de inversión en salud, educación y vivienda con los 200 millones proyectados
Con base en ese ahorro estimado, Artavia planteó un portafolio de obras que, a su juicio, podrían financiarse durante una década si Ciudad Gobierno efectivamente elimina los alquileres. El diputado aseguró que con más de 200 millones de dólares sería posible construir y equipar más de 200 dispositivos nuevos para atención médica en comunidades de las siete provincias, lo que implicaría reforzar la red de servicios básicos en territorios hoy rezagados. Además, sostuvo que se podrían levantar 100 escuelas y colegios modernos para sustituir centros educativos que operan bajo órdenes sanitarias o en estructuras prefabricadas, lo que convertiría el ahorro financiero en infraestructura educativa permanente. Estas afirmaciones, sin embargo, se presentan como escenarios hipotéticos y dependen de que los futuros presupuestos asignen esos recursos a los proyectos mencionados.
Bonos de vivienda e infraestructura contra la violencia como banderas políticas
En materia habitacional, Osvaldo Artavia afirmó que el ahorro permitiría otorgar más de 12 000 bonos de vivienda a familias en condición de pobreza extrema, con lo que busca vincular Ciudad Gobierno con políticas de reducción de brechas sociales. En el campo de la seguridad ciudadana y la recreación, el diputado propuso destinar parte de los recursos a construir 50 cívicos por la paz en cantones con mayores índices de violencia y más de 150 polideportivos comunales, con el argumento de alejar a la juventud de las redes del narcotráfico mediante espacios públicos de calidad. Aunque estas metas ilustran la magnitud de los montos mencionados, ni el financiamiento de Ciudad Gobierno ni la priorización efectiva de estas obras están detallados en los datos disponibles, por lo que se mantienen como proyecciones políticas y no como compromisos presupuestarios formalmente aprobados.
Ausencia de detalles técnicos y necesidad de mayor escrutinio ciudadano
El énfasis de Artavia en los ahorros contrasta con la falta de información pública, en esta declaración, sobre el costo total de Ciudad Gobierno, los plazos de recuperación de la inversión y los riesgos contractuales del proyecto. El Ministerio de Planificación aparece citado como fuente de los beneficios financieros, pero no se presentan en esta nota los estudios completos que respalden las cifras. La defensa del plan se basa en la idea de reemplazar pagos recurrentes por infraestructura propia, un objetivo compartido por diversos gobiernos, pero que exige claridad sobre montos, licitaciones y supervisión. A medida que el proyecto avance, el escrutinio ciudadano y técnico sobre estos supuestos ahorros de más de 200 millones de dólares será determinante para evaluar si Ciudad Gobierno termina siendo una solución sostenible al gasto en alquileres o una reconfiguración costosa de la burocracia estatal.
