Vínculos políticos y aumento del alquiler bajo la lupa
De acuerdo con los datos expuestos por Nayuribe Guadamuz, el inmueble que alberga a la Sala Constitucional es arrendado por el Poder Judicial a la empresa Direct Communication S.A., cuyos representantes legales son Mónika Wedel Pacheco y Paul Wedel Pacheco. Ambos son hijos de Juan José Wedel Carazo, identificado como donante del Partido Liberación Nacional. Para la legisladora, el hecho de que una familia con vínculos con el Partido Liberación Nacional concentre un contrato de alquiler que ya supera los US$12 millones de fondos públicos amerita una explicación detallada. La diputada subrayó que en 2024 el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, firmó una adenda que elevó el pago mensual de aproximadamente US$102 mil a más de US$122 mil, compromiso que se mantiene vigente hasta marzo de 2029, y sostuvo que ese incremento en plena vigencia del contrato debe ser justificado ante la ciudadanía.
Teletrabajo, escritorios vacíos y sede propia detenida
Más allá de los montos, Guadamuz centró parte de sus señalamientos en la eficiencia del gasto. Según la información que dio a conocer, de los 150 funcionarios asignados a la Sala, 110 laboran en modalidad mixta. Entre ellos, 62 profesionales en derecho mantienen un esquema de cuatro días de teletrabajo y solo uno presencial. A criterio de la diputada, pagar más de US$122 mil al mes por un inmueble para la Sala Constitucional mientras buena parte del personal está fuera de las instalaciones varios días a la semana supone un uso cuestionable de los recursos del Poder Judicial, porque implica escritorios y espacios que permanecen vacíos buena parte del tiempo. Esa situación, sostuvo, exige una revisión de las condiciones del contrato, del dimensionamiento del edificio que se alquila y de las políticas internas sobre teletrabajo para determinar si el gasto actual es proporcional a las necesidades reales de operación.
Terreno comprado, proyecto en cero y exigencia de explicaciones
La diputada también señaló el estancamiento del proyecto de sede propia para el Poder Judicial. Recordó que el terreno destinado a esa infraestructura fue adquirido en abril de 2025, pero afirmó que los planos, el presupuesto detallado y la contratación de la empresa constructora presentan un avance del 0 %. Para Guadamuz, continuar pagando más de US$122 mil mensuales en alquiler hasta marzo de 2029 mientras el proyecto de edificio propio de la Sala Constitucional y del Poder Judicial no despega representa una contradicción grave en la planificación institucional. La legisladora insistió en que su actuación corresponde a una labor de fiscalización del uso de fondos públicos, recalcó que no se trata de un ataque a la Sala Constitucional como órgano jurisdiccional y remarcó que, sin una explicación técnica y financiera robusta por parte del Poder Judicial, la ciudadanía seguirá sin saber por qué se optó por prolongar y encarecer un arrendamiento a una empresa ligada a los hijos de un donante del Partido Liberación Nacional en lugar de acelerar la construcción de una sede propia.
