Esquivel recalca que el beneficio no está en la Constitución Política
Para la diputada de Pueblo Soberano, el punto de partida del debate debe ser estrictamente jurídico: la Constitución Política de Costa Rica no contempla una pensión para los expresidentes de la República. Esquivel recordó que el artículo 73 establece un sistema general de seguridad social basado en la contribución de trabajadores, patronos y Estado, por lo que, a su juicio, vincular ese artículo con la prestación vitalicia que reciben los exmandatarios es una interpretación errónea. Subrayó que ejercer la Presidencia es un honor dentro del sistema democrático, pero que de ello no se desprende automáticamente una prestación de por vida financiada por toda la población sin requisitos de edad, cotización o condición de vulnerabilidad.
Una prestación de gracia, no una pensión contributiva ordinaria
Esquivel sostuvo que la figura que ampara a los exmandatarios no puede equipararse a la pensión ordinaria del régimen general. Respaldó su posición en el voto 2024-362 de la Sala Constitucional, que definió la prestación para expresidentes como una pensión no contributiva o de gracia, diferente del régimen previsto en el artículo 73. De acuerdo con ese criterio, estas pensiones especiales no nacen de la cotización previa, sino de un reconocimiento por la relevancia de ciertos servicios. En el caso de los expresidentes, el régimen histórico habría buscado garantizar una subsistencia digna a quienes ocuparon la máxima responsabilidad del país, configurándolo como un supuesto excepcional frente a los demás esquemas de pensiones.
Jurisprudencia y leyes: lo que sigue vigente tras el voto 2024-362
La diputada precisó que la Sala Constitucional no declaró inconstitucional la existencia del régimen para expresidentes, sino una disposición específica de la ley 7108, que fijaba el monto por medio de un mecanismo presupuestario calificado como atípico. Según explicó, tras esa anulación, la regulación contenida en el artículo 16 de la ley 7302 se mantiene en vigor y fue considerada constitucionalmente razonable. Para Esquivel, este matiz es clave: el beneficio subsiste por ley ordinaria y como prestación de gracia, no como un derecho derivado directamente de la Constitución Política, lo que abre la puerta a que el Poder Legislativo revise si la política aún se justifica.
Cuestionamientos a la vigencia y al costo para el erario público
El centro de la crítica de Esquivel no es solo jurídico, sino también político y financiero. La diputada recalcó que la legislación denomina a este beneficio pensión, pero no exige al expresidente una cotización específica, una edad mínima, acumulación de cuotas, invalidez ni demostrar vulnerabilidad económica: el único hecho generador es haber ejercido la Presidencia. Subrayó que el costo lo asumen todos los costarricenses y que, según los datos manejados en la iniciativa que impulsa, los expresidentes han recibido conjuntamente más de 5.469 millones de colones del presupuesto nacional, incluso en situaciones de multipensión, donde una misma persona percibe simultáneamente prestaciones especiales.
Debate abierto sobre servicio público, privilegios y reformas futuras
Desde esta óptica, Esquivel plantea que Costa Rica debe redefinir qué significa realmente servir desde la función pública y si cuatro años en la Presidencia justifican una prestación vitalicia independiente de la edad, la situación económica o la existencia de otras pensiones ya reconocidas. Insistió en que el tema debe abordarse con claridad y rigor jurídico, evitando confundir la dignidad del cargo con la permanencia de un privilegio financiado por el presupuesto nacional. El cuestionamiento de la diputada de Pueblo Soberano anticipa una discusión legislativa más amplia sobre el futuro del régimen de pensiones para expresidentes, sus condiciones de acceso y su eventual reforma o eliminación en el marco de una revisión de todos los regímenes especiales de pensiones del país.
