Un hospital “va porque va” en una provincia con deudas históricas
Ante autoridades, vecinos y el propio Consejo de Gobierno, la presidenta de la República, Laura Fernández, reiteró que “El nuevo hospital Max Peralta va porque va, esa obra va porque va, porque es una necesidad de esta provincia”. Con esa frase buscó blindar políticamente el proyecto, luego de años de reclamos cartagineses por la saturación de la infraestructura actual. La mandataria subrayó que será la Caja Costarricense de Seguro Social la que asumirá la inversión de 208 000 000 000 de colones, y vinculó la obra con su promesa de que su gobierno no llegó a administrar inercias, sino a cambiar realidades. En esa línea afirmó que “no vinimos a gobernar para complacer a quienes prefieren que nada cambie, vinimos a gobernar para que la vida del pueblo costarricense mejore”, frase con la que trató de marcar distancia de actores políticos y corporativos que, a su juicio, buscan frenar decisiones estratégicas. El anuncio, realizado en el corazón de Cartago, apunta a consolidar la provincia como nodo sanitario clave para el centro del país y tensiona a las instituciones encargadas de ejecutar, que ahora quedan bajo el escrutinio ciudadano respecto a plazos y transparencia en la utilización de los recursos comprometidos.
Choque con el Poder Judicial por la inseguridad y responsabilidad institucional
El tono más duro del discurso se dirigió al Poder Judicial, al que Laura Fernández responsabilizó de parte de las falencias en la respuesta a la inseguridad y al crimen organizado. La mandataria aseguró que su administración ha realizado ajustes presupuestarios para que dicho poder cuente con recursos suficientes, y advirtió que “no tienen justificación alguna para no entregarle al pueblo de Costa Rica justicia pronta y cumplida”. Fue más allá al afirmar que “No voy a permitir que utilicen al Ministerio de Hacienda o que utilicen a don Rodrigo Chaves o que utilicen el buen nombre de mi gobierno para pretender justificar sus errores”, señalando directamente al Ministerio de Hacienda y al expresidente Rodrigo Chaves como chivos expiatorios recurrentes de decisiones judiciales cuestionadas por la ciudadanía. Para Fernández, el crimen organizado es “la amenaza más directa a la libertad de los costarricenses” y, por ello, “defender nuestra libertad significa enfrentar con valentía los obstáculos políticos e institucionales que por revanchismo partidario o ideologías egoístas no nos permiten tomar las decisiones que Costa Rica necesita”. Con ello trasladó el debate más allá del Ejecutivo y puso bajo el reflector a la estructura judicial, que ahora deberá responder si los recursos adicionales se traducen en procesos más ágiles y sentencias efectivas.
PISA 2025, educación y la disputa por el relato de resultados
En el mismo escenario solemne, la presidenta de la República, Laura Fernández, reivindicó el desempeño del país en las pruebas PISA 2025 como respaldo a su política educativa. Aseguró que su gobierno ha logrado detener la caída en lectura y matemáticas y que Costa Rica se ubica entre los tres mejores de América Latina en ciencias, un dato que utilizó para contrarrestar la percepción de deterioro del sistema educativo que se arrastra desde años anteriores. Aunque no detalló metas numéricas ni comparaciones históricas específicas, la mandataria incorporó estos resultados como parte de un relato de recuperación institucional frente a la crisis postpandemia. Al unir el anuncio del nuevo Hospital Max Peralta con la mención a PISA 2025, buscó presentar salud y educación como pilares de una política pública que pretende ser integral, mientras refuerza su argumento de que el Ejecutivo sí está tomando decisiones estructurales. El reto, de cara a la opinión pública, será verificar si esos avances educativos son sostenibles y si los recursos invertidos en infraestructura hospitalaria se acompañan de suficiente personal, equipamiento y gestión para traducirse en mejoras tangibles para la población cartaginesa.
Unidad de poderes frente al crimen organizado y límites a la autonomía
El cierre del mensaje estuvo marcado por un llamado directo a la coordinación entre la presidencia de la República, Laura Fernández, el Poder Judicial y el resto de los poderes del Estado para enfrentar al crimen organizado. La mandataria advirtió que “Independencia no puede significar indiferencia y autonomía no puede ser nunca una excusa para no hacer lo correcto por esta patria bendita”, subrayando que la separación de poderes no debe convertirse en refugio para la inacción o el cálculo partidario. Desde Cartago, en una fecha simbólica como el 205 aniversario de la Independencia de Costa Rica, Fernández insistió en que la libertad ciudadana está amenazada por estructuras criminales que se benefician de brechas institucionales y retrasos procesales. La conjunción de un anuncio de obra hospitalaria de 208 000 000 000 de colones con críticas abiertas al Poder Judicial y referencias a las pruebas PISA 2025 perfila la estrategia del Ejecutivo: mostrar resultados concretos, presionar a otros poderes y colocar la seguridad como eje transversal. Los próximos pasos dependerán de cómo reaccionen el Poder Judicial y la Caja Costarricense de Seguro Social, y de si esa supuesta unidad de poderes se traduce en cronogramas claros para el nuevo hospital de Cartago y en reformas efectivas para combatir al crimen organizado.
