Calvo señala impunidad y procesos de hasta siete años
Durante una intervención pública, la legisladora sostuvo que, de acuerdo con estadísticas y estudios que dijo manejar, una alta proporción de las denuncias formuladas bajo la ley de violencia contra las mujeres termina sin resolución favorable. Afirmó que “el ochenta por ciento de esas denuncias terminan en nada”, y reclamó que también se cuestione al Poder Judicial cuando se discuten femicidios y violencia de género, y no solo al Poder Ejecutivo y al Instituto Nacional de las Mujeres. Para Calvo, esa supuesta ineficacia se agrava por la excesiva duración de los procesos: advirtió que los expedientes que logran avanzar tienen, según su señalamiento, un promedio de dos años en fase preliminar y cinco años más en juicio, lo que se traduce en hasta siete años de espera para casos graves como una violación calificada, incluso cuando hay una persona menor de edad involucrada. La diputada alertó sobre el impacto de estos tiempos en la vida de las víctimas y habló de un intenso proceso de revictimización.
Casos emblemáticos y sanciones mínimas a funcionarios
Para respaldar sus críticas, Calvo citó varios expedientes de alto perfil. Recordó el caso conocido mediáticamente como el “asesino de Matapalo”, en el que, según su versión, existía una denuncia previa y un fiscal auxiliar habría omitido activar el protocolo correspondiente. La diputada recriminó que, tras una investigación interna, al funcionario se le impusiera únicamente “dos días de suspensión con goce de salario”, lo que calificó como una sanción irrisoria frente a lo que considera una negligencia grave. También aludió al expediente de la doctora Cedeño, en el que cuestionó que, pese a contar con pruebas forenses y marcas de mordeduras atribuidas por ella al presunto agresor Harry Bodan, el juez de primera instancia considerara insuficiente esa evidencia. En otro señalamiento, mencionó el caso de Yuliana, una joven de San Carlos, y afirmó que el presunto responsable de su homicidio tenía una sentencia de doce años y ocho meses por tres violaciones previas y una denuncia por agresión con arma con juicio pendiente, pero se encontraba en libertad. Para la legisladora, la libertad de ese hombre refleja fallas estructurales que el Poder Judicial debe revisar de forma urgente.
Cuestionamientos a la respuesta institucional frente a agresiones de género
Calvo extendió sus críticas a un reciente expediente que, según relató, involucra a un juez de la República acusado de agredir físicamente a su esposa y de amenazarla con un arma frente a cámaras de seguridad. La diputada reprobó las medidas cautelares que, de acuerdo con su descripción, se le habrían impuesto al funcionario: una orden de no acercarse a menos de quinientos metros, con la salvedad de que podrían coincidir por motivos laborales en el mismo circuito judicial. A juicio de la congresista, esta respuesta es insuficiente frente a la gravedad de los hechos y deja al juez “en la calle”. Con estos ejemplos, defendió que su intención no es instaurar una “dictadura” sino una “renovación” profunda del Poder Judicial. Además, arremetió contra sectores políticos que, según ella, prefieren defender al sistema judicial “por pagar favores políticos” en lugar de reconocer las falencias que denuncia. Para la diputada, la revisión de los protocolos de atención, la proporcionalidad de las sanciones disciplinarias y la reducción de plazos procesales son claves si se pretende mejorar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
Debate abierto sobre responsabilidades y reformas
Las declaraciones de Kattia Calvo se inscriben en una discusión recurrente en Costa Rica sobre la responsabilidad del Poder Judicial y de otras instituciones frente al aumento de casos de violencia contra las mujeres y femicidios. La diputada llamó a que los partidos que se identifican como feministas exijan explicaciones por el alto porcentaje de denuncias que, según ella, se archivan sin resultado. Desde su perspectiva, revisar el desempeño de jueces, fiscales y protocolos de riesgo no es un ataque a la independencia judicial, sino una obligación democrática ante la ciudadanía. Aunque en su intervención no se conoció una reacción oficial del Poder Judicial ni del Instituto Nacional de las Mujeres, sus críticas apuntan a impulsar cambios en la administración de justicia, reducir los tiempos de tramitación y reforzar la protección efectiva de las víctimas. El siguiente paso dependerá de si estas denuncias se traducen en iniciativas concretas de reforma y en una rendición de cuentas pública sobre los datos que la legisladora ha puesto en discusión.
