Un giro clave en el expediente 24.290 y sus efectos en el Código de Trabajo
El expediente legislativo 24.290, titulado Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados, busca modificar de forma puntual el Código de Trabajo al reformar los artículos 142, 144, 205, 274, 404 y 670, además de adicionar los artículos 143 bis y 145 bis. Con el respaldo de la fracción del partido Pueblo Soberano a la moción 2528, la Asamblea Legislativa vuelve a discutir el texto impulsado por el oficialismo, que concentra la aplicación de estas jornadas en sectores como la manufactura tecnificada, la industria de implementos médicos en ciencias de la vida y los servicios corporativos y de apoyo que requieren operación continua de 24 horas, siete días a la semana. Este enfoque delimita con claridad un campo de acción orientado al sector privado altamente especializado, dejando por fuera actividades masivas con menor nivel de tecnificación.
Alcance sectorial y exclusiones de las jornadas laborales excepcionales
El proyecto establece que las jornadas excepcionales ampliadas solo podrían implementarse en actividades de manufactura tecnificada, industria de implementos médicos en ciencias de la vida, servicios corporativos y labores de apoyo que, por su naturaleza, exigen continuidad operativa permanente. El texto excluye expresamente labores pesadas, peligrosas o insalubres, así como todo trabajo agrícola, agropecuario y de construcción, una precisión relevante en un país con un peso significativo de estos sectores en el empleo. Además, la propuesta detalla tres modalidades de jornada excepcional de hasta 12 horas: una jornada diurna de máximo cuatro días consecutivos de trabajo por tres de descanso, una jornada nocturna de hasta tres días consecutivos por cuatro de descanso y una jornada mixta de hasta cuatro días consecutivos por tres de descanso. Estas configuraciones apuntan a elevar la productividad mediante ciclos concentrados de trabajo, pero también plantean desafíos de control efectivo sobre los tiempos reales de descanso y la carga física y mental de las personas trabajadoras.
Voluntariedad, protección contra represalias y rol de la fiscalización
Uno de los puntos que el texto base subraya es el principio de voluntariedad. El paso de una jornada ordinaria a una jornada excepcional debe quedar registrado por escrito en una adenda al contrato de trabajo, lo que obliga a los empleadores del sector privado a documentar el consentimiento de la persona trabajadora. A su vez, la propuesta exige que las empresas mantengan al menos un turno de jornada ordinaria para quienes no quieran o no puedan acogerse al esquema de jornadas 4×3. El proyecto incorpora salvaguardas contra la discriminación, al prohibir despidos o represalias laborales por negarse a aceptar las jornadas excepcionales, una medida que se convierte en prueba de fuego para la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, llamada a verificar el cumplimiento efectivo de estas garantías más allá del papel.
Salud ocupacional y tareas pendientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
En materia de seguridad y salud en el trabajo, el texto obliga a realizar controles semestrales de salud ocupacional y a remitir informes periódicos al Consejo de Salud Ocupacional, bajo la supervisión directa de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo. Esta arquitectura de fiscalización pretende mitigar los riesgos asociados a jornadas prolongadas de hasta 12 horas continuas, pero su eficacia dependerá de la capacidad real de ambas instituciones para auditar empresas, procesar información y sancionar incumplimientos. Además, se incorpora un transitorio que concede al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la eventual ley para definir criterios técnicos, perfiles ocupacionales y la reglamentación necesaria para implementar las jornadas excepcionales. Los próximos pasos legislativos y reglamentarios determinarán si este esquema se convierte en una herramienta de competitividad con garantías efectivas para las personas trabajadoras o en un mecanismo de flexibilización con controles insuficientes.
