Ramírez confronta a la Universidad de Costa Rica por uso de recursos
De acuerdo con las declaraciones de Gonzalo Ramírez, mientras la Universidad de Costa Rica reclama al Gobierno de Costa Rica mayores recursos vía Fondo Especial para la Educación Superior, la institución habría perdido casi 3 000 estudiantes en cuatro años. Según el diputado, entre 2021 y 2025 la matrícula total de las universidades públicas se redujo y la Universidad de Costa Rica representaría el 44,6 % de esa caída, a pesar de ser la entidad que más presupuesto recibe. Ramírez sostuvo que el problema no es la falta de dinero, sino las prioridades internas de gasto, y anunció que en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público se consultará por qué esos fondos no se tradujeron en más becas para estudiantes que, según la propia institución, están quedando fuera del sistema.
Nombramientos discrecionales y pagos cuestionados por la Contraloría
El legislador dirigió buena parte de sus cuestionamientos a los llamados nombramientos discrecionales dentro de la Universidad de Costa Rica. Recordó que, siempre según su análisis, la Rectoría de la Universidad de Costa Rica reconoció en 2022 que estas figuras no debían existir, pero en 2025 aún habría 153 personas contratadas de esa forma, sin concurso ni procesos públicos de selección. Ramírez afirmó que, desde 2022, esa sola partida significó más de 10 000 millones de colones, monto que equiparó a unas 6 000 becas socioeconómicas completas, aproximadamente una de cada cuatro becas vigentes en la universidad. Además, señaló un pago cercano a 8 000 millones de colones que la Contraloría habría calificado como ilegal, pero que, según dijo, se ejecutó de todas maneras, cifra que el diputado tradujo en otras 4 500 becas potenciales no entregadas. En su crítica, añadió que, mientras se autorizaban esos gastos y se mantenían rubros para restaurantes y consumo de vino, la respuesta institucional ante estudiantes que reclamaban por su beca habría sido la falta de presupuesto.
Contraste entre discurso presupuestario y acceso estudiantil
Para Gonzalo Ramírez, las cifras expuestas revelan un contraste entre el discurso de desfinanciamiento universitario y la realidad del acceso estudiantil. Al subrayar que la Universidad de Costa Rica concentra la porción principal de la reducción de matrícula en la educación superior pública, insistió en que se investigue si la política de becas y la gestión de recursos internos se han orientado adecuadamente a sostener a las poblaciones más vulnerables. Ramírez adelantó que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público llamará a comparecer a las autoridades universitarias para que expliquen el destino de estas partidas, la permanencia de nombramientos discrecionales y el impacto que decisiones administrativas y financieras pudieron tener sobre la permanencia de casi 3 000 estudiantes. A falta de respuestas públicas de la Universidad de Costa Rica, del Gobierno de Costa Rica o de la Contraloría sobre estos señalamientos, el debate sobre el uso del FEES en la educación superior y las prioridades entre burocracia y becas estudiantiles quedará ahora bajo el escrutinio de la Asamblea Legislativa.
