Del formulario al volante: así opera el atajo digital
De acuerdo con la indagación periodística, en 12 de los 13 contactos consultados el procedimiento se reduce a escribir a un número de WhatsApp, llenar un cuestionario con nombre, cédula, tipo de licencia y autodeclaraciones de salud, transferir el monto acordado y esperar el PDF del dictamen. No hay sala de espera, ni lectura de carta óptica, ni toma de presión arterial, ni entrevista clínica directa: el médico firma el documento sin haber visto al paciente. Algunos oferentes prometen la entrega en “menos de una hora” y otros fijan un máximo de “dos horas”, lo que convierte el proceso en una simple transacción comercial donde el examen médico, exigido por el Reglamento para el Control de la Calidad del Examen Médico para Conductores, queda reducido a un formulario digital sin verificación. La propia investigación subraya que “el dictamen no es un formulario decorativo. Es la barrera que separa a una persona con una condición médica que podría ser peligrosa al volante del resto de los conductores, peatones y pasajeros que comparten la vía”.
Reglamento, vacío de control y una única médica que sí examina
El Reglamento para el Control de la Calidad del Examen Médico para Conductores en Costa Rica exige que todo solicitante sea valorado por un médico autorizado, incluyendo revisión de agudeza visual, capacidad auditiva, sistema cardiovascular, sistema nervioso y condiciones mentales que puedan comprometer la conducción. Sin embargo, la investigación de EL MUNDO evidencia una brecha: la normativa detalla cómo debe ser el examen, pero no establece con igual precisión cómo se fiscaliza que la revisión haya ocurrido realmente. En este escenario, solo uno de los 13 contactos actuó conforme al espíritu del reglamento: la Dra. Lidia Pérez cobra ₡20.000, exige una cita presencial y realiza el examen físico antes de emitir el dictamen. Su proceso es más lento y más caro que la oferta más baja documentada, pero es el único de la muestra que se ajusta a una práctica médica verificable. La comparación subraya una diferencia de fondo: mientras 12 oferentes operan como vendedores de formularios, la Dra. Lidia Pérez asume el dictamen como un acto médico con responsabilidad clínica.
Un negocio millonario con firmas en la sombra
Más allá del atajo para los conductores, la investigación expone una estructura económica: con tarifas desde ₡16.000, un oferente que procese 50 dictámenes diarios sin consulta puede ingresar más de ₡800.000 al día y superar los ₡20 millones al mes, sin necesidad de consultorio, equipo ni personal adicional. Esta lógica de volumen convierte el dictamen en un producto de alta rentabilidad y bajo costo operativo. Pero también abre interrogantes sobre la trazabilidad de las firmas: los PDFs revisados por EL MUNDO llegan firmados por profesionales colegiados que nunca vieron al paciente. La investigación no identifica a los 12 oferentes ni a los médicos cuyos nombres aparecen en los documentos, precisamente porque aún no es posible saber si estos facultativos son conscientes de cómo se usan sus credenciales o si terceros están aprovechando sus datos. Falta aclarar si el Colegio de Médicos y Cirujanos, el Consejo de Seguridad Vial y el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) cuentan con sistemas que permitan rastrear cuántos dictámenes emite cada médico y detectar patrones anómalos, como volúmenes desproporcionados de certificados en plazos muy cortos.
Seguridad vial bajo riesgo: lo que no se mide no desaparece
El impacto trasciende el trámite administrativo. Un dictamen emitido sin examen significa que una persona circula por las carreteras sin que nadie haya comprobado si ve bien, si escucha adecuadamente o si padece epilepsia, enfermedades cardiovasculares u otros problemas capaces de desencadenar un evento al volante. Los siniestros de tránsito en Costa Rica no se explican solo por velocidad o alcohol; las condiciones médicas no detectadas son un factor silencioso que el reglamento justamente intenta mitigar. Cuando el examen no ocurre, el riesgo permanece intacto, solo que fuera de las estadísticas clínicas. Cada certificado emitido sin evaluación previa no es simplemente un trámite rápido, sino un acto firmado por un profesional con responsabilidad legal y ética. En caso de un accidente grave protagonizado por una persona que obtuvo su licencia con un dictamen así, la discusión pasaría inevitablemente al terreno judicial: quién firmó, qué verificó y qué controles ejercieron el Colegio de Médicos y Cirujanos, el Consejo de Seguridad Vial y el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).
Un patrón documentado que exige respuesta institucional
Los 13 contactos identificados por EL MUNDO no agotan el universo de oferentes, pero sí revelan un patrón: 12 de 13 dictámenes se gestionan sin examen médico presencial, mediante autodeclaraciones y pagos en línea. La muestra por sí sola no basta para concluir que se trata de un fenómeno generalizado en todo el país, pero sí indica la existencia de un mercado paralelo que opera al margen del sentido del reglamento. El medio anunció que trasladará preguntas específicas al Colegio de Médicos y Cirujanos, al Consejo de Seguridad Vial y al MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) para aclarar si están ante casos aislados, un vacío regulatorio o un problema sistémico que exige reformas y auditorías tecnológicas. Mientras tanto, persiste una incógnita central para la seguridad vial: si nadie verifica de forma efectiva la condición de salud de quien recibe el dictamen, la barrera de seguridad sanitaria en las carreteras costarricenses se reduce a un PDF firmado cuya solidez real hoy sigue sin respuesta.
