Investigación se activa tras alerta de la Fiscalía General de la República
De acuerdo con la información remitida por la Fiscalía General de la República, las dos personas privadas de libertad habrían manifestado haber sido víctimas de presuntos actos de tortura mientras se encontraban bajo custodia. La Defensoría de los Habitantes informó que, como primera respuesta institucional, “se formalizará la apertura de una intervención para realizar el procedimiento de investigación respectivo”, lo que implica la activación de sus mecanismos internos para recabar datos, sistematizar versiones y requerir explicaciones a las autoridades competentes del sistema penitenciario.
Alcance de la intervención y revisión de protocolos penitenciarios
La Defensoría de los Habitantes adelantó que, una vez que se analice la documentación trasladada por la Fiscalía General de la República, “se valorará la realización de una inspección con el fin de recabar prueba”. Esa eventual visita al Centro Nacional de Atención Específica buscaría revisar tanto las condiciones materiales de detención de esta población privada de libertad como los protocolos utilizados durante su custodia. De forma particular, la institución señaló que se examinarán de manera detallada los procedimientos aplicados por el personal de la Policía Penitenciaria, con el propósito de identificar si se ajustan a los estándares nacionales e internacionales sobre trato digno y uso de la fuerza.
Obligaciones del Estado bajo la Convención contra la Tortura
La Defensoría de los Habitantes subrayó que Costa Rica es Estado Parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo (OPCAT), lo que impone una obligación reforzada de prevención, supervisión y sanción de cualquier forma de maltrato. En esa línea, la institución recordó que “existe el deber por parte del Estado de prohibir de manera absoluta la tortura, sin que puedan invocarse circunstancias excepcionales que la justifiquen”, reafirmando que ni la condición de extraditable ni la gravedad de los delitos investigados pueden ser utilizadas como excusa para vulnerar derechos humanos básicos.
Garantías para personas privadas de libertad catalogadas como extraditables
La apertura de este expediente por parte de la Defensoría de los Habitantes se inscribe en su mandato de velar por la protección de los derechos humanos de todas las personas habitantes del país, incluidas aquellas privadas de libertad y catalogadas como extraditables. El anuncio de que se revisarán las condiciones de detención en el Centro Nacional de Atención Específica y los protocolos de la Policía Penitenciaria apunta a esclarecer si hubo o no malos tratos y a reforzar las garantías de custodia. El siguiente paso dependerá de las conclusiones de la investigación y de si la Defensoría considera necesario emitir recomendaciones vinculadas al cumplimiento de la Convención contra la Tortura y del Protocolo Facultativo (OPCAT) por parte de las autoridades costarricenses.
