Choque frontal por privilegios y gastos de representación
Durante la sesión legislativa, Antonio Barzuna criticó la narrativa de escasez de recursos defendida por algunos legisladores y autoridades universitarias, al contrastarla con rubros de gasto que calificó de disonantes con la situación fiscal del país. El diputado afirmó que “para aclararle al diputado don Víctor (Hidalgo), de Liberación Nacional, que habla de que siempre se necesitan más recursos y que hay escasez de recursos, pues hay una ironía en que se gasten tanta plata en vinos y restaurantes”. La intervención dejó en evidencia el malestar de parte del bloque oficialista por los gastos de representación y alimentación financiados con presupuesto universitario, un tema que ya había sido objeto de cuestionamientos públicos previos. En ese mismo tono, el legislador lanzó un mensaje directo al rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), al asegurar que “a don Rodrigo pues evidentemente es más rentable ser asesor discrecional del rector de la Universidad de Costa Rica que ser rector de la UNED”, señalando así la estructura salarial y de incentivos en la educación superior estatal como un foco de presuntas distorsiones y privilegios. El señalamiento no solo apunta a eventuales excesos, sino a la opacidad con que se han definido esas condiciones laborales.
Investigación legislativa de largo aliento sobre el FEES
La intervención de Rodrigo Arias Camacho ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público se enmarca en una investigación integral, aprobada por unanimidad, sobre el manejo del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES). El órgano legislativo, donde confluyen diputados de diversas bancadas, incluido el bloque de la fracción de Pueblo Soberano compuesto por Kattya Mora Montoya, Gonzalo Ramírez Zamora, Stephan Brunner y el propio Antonio Barzuna, dispone de un plazo de hasta dos años para desmenuzar cómo se distribuye y ejecuta el dinero en las cinco universidades estatales. La comisión enfocará su escrutinio en la relación entre gasto administrativo y gasto sustantivo, poniendo la lupa en partidas sensibles como gastos de representación, alimentación, actividades protocolarias, viáticos y viajes oficiales. Estos rubros han sido fuertemente cuestionados a raíz de revelaciones sobre erogaciones en restaurantes y licores con cargo al presupuesto público, por lo que el proceso legislativo podría derivar en recomendaciones de recorte, reordenamiento o incluso cambios legales para acotar dichos usos del FEES.
Tensión entre autonomía universitaria y control político
En su defensa, el rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias Camacho, sostuvo que la distribución actual del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) es “injusta”, pero evitó apoyar que el Congreso defina una nueva fórmula para repartir los recursos. Arias argumentó que esa discusión corresponde al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), invocando la autonomía universitaria como principio clave para ordenar internamente la asignación presupuestaria entre instituciones. Esta postura refleja una tensión de fondo: mientras la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, busca mayor transparencia y capacidad de supervisión sobre partidas financiadas con impuestos, las universidades públicas defienden su margen de autogobierno para decidir cómo priorizan docencia, investigación, extensión y administración. La fricción no solo es política, también es constitucional, porque pone a prueba hasta dónde puede llegar el control parlamentario sin vaciar de contenido la autonomía garantizada a la educación superior estatal.
Audiencias en cadena y posible reordenamiento del gasto
Como parte del plan de trabajo aprobado, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público continuará llamando a audiencia a los rectores de las otras universidades públicas, así como a sus auditorías internas y directores financieros. El objetivo declarado es revisar la razonabilidad y proporcionalidad de los gastos frente a la misión académica de cada institución, contrastando cuánto se destina a salarios altos, consultorías, representación y viajes, frente a enseñanza, investigación y servicios estudiantiles. Aunque todavía no se han anunciado conclusiones ni eventuales sanciones, el plazo de hasta dos años para la investigación anticipa un escrutinio profundo que podría desembocar en reformas al esquema del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) o en lineamientos más estrictos sobre en qué pueden utilizarse los recursos públicos. Para el sistema universitario costarricense, el desenlace de este proceso será clave: de él dependerá si se consolida una mayor rendición de cuentas sin erosionar la autonomía, o si prevalecen inercias administrativas que mantengan intocado el actual mapa de privilegios y gastos cuestionados.
