Críticas al aumento del FEES y a la lógica legislativa
En su columna de opinión publicada el 23 de septiembre de 2026 en *El Mundo.CR*, Bernal Solano Portilla sostiene que el Poder Ejecutivo vetó la ley que incrementaba en 2% el FEES, al estimar que el ajuste era incluso mayor al solicitado por las propias universidades estatales y que no existía inflación para respaldar el aumento. Según el articulista, los diputados insistieron y aprobaron la ley, desoyendo el veto. A su juicio, este episodio muestra un ejercicio de poder discrecional de la Asamblea Legislativa: resume esa actuación afirmando que, en 2024, “los diputados aprobaron este aumento del FEES […] porque les dio la gana”. El texto subraya que, para el autor, la decisión se tomó al margen de los criterios técnicos que deberían orientar la política presupuestaria en educación superior.
Pensión juvenil en el OIJ y presión sobre los regímenes de retiro
El columnista también cuestiona la aprobación de una ley que otorga una pensión juvenil a funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a los 55 años. Expone que esta decisión contrasta con la situación del resto de los regímenes de pensiones del país, los cuales —según su descripción— se encuentran colapsados y obligan a la “enorme mayoría de costarricenses” a jubilarse por encima de los 65 años con montos que califica de “pensiones de hambre”. Solano Portilla recuerda que en otros sistemas de retiro se han exigido estudios actuariales como requisito antes de cualquier reforma, y plantea que decisiones como la del OIJ refuerzan la percepción de inequidad. Para él, estas leyes particulares erosionarían la sostenibilidad del sistema y alimentan el malestar ciudadano frente a los privilegios sectoriales.
Responsabilidad de los diputados y selección de candidaturas
Más allá de estos dos casos puntuales, Bernal Solano Portilla dirige su crítica al conjunto del proceso legislativo. Afirma que las leyes reflejan la mezcla de capacidades, intereses y circunstancias de quienes intervienen en su preparación y aprobación: diputados, partidos políticos, comisiones legislativas, asesores, así como requerimientos de la misma Asamblea Legislativa, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Sala IV, del Ministerio de la Presidencia y del Poder Ejecutivo. Sin embargo, insiste en que, a su juicio, “los diputados son una gran parte de los problemas actuales de nuestro país” y que se requieren legisladores más capacitados y comprometidos. El articulista sostiene que el Tribunal Supremo de Elecciones debería exigir más y mejores requisitos internos a los partidos políticos para seleccionar a sus candidatos a la Presidencia y a diputaciones, pues las decisiones de quienes resultan electos tienen impacto directo en la calidad de las normas y en la salud de la democracia.
Debate sobre institucionalidad, control y participación ciudadana
La columna describe un cambio progresivo en la cultura de respeto a la ley. Solano Portilla señala que, años atrás, el incumplimiento implicaba sanciones claras, mientras que hoy percibe una “nueva normalidad” en la que decisiones cuestionadas se adoptan sin que se apliquen consecuencias. Alega que la búsqueda del “espíritu de la ley”, antes central para aplicar las normas, se ha trasladado casi por completo a la Sala IV a través de recursos de inconstitucionalidad, debido a que esa instancia no actuaría de oficio. De acuerdo con el autor, esta dinámica contribuye a una sensación de anarquía normativa y política. Pese a reconocer la falta de partidos políticas sólidamente organizados y de referentes políticos ejemplares, valora la participación activa de cada vez más costarricenses en redes sociales como un contrapeso ciudadano, aunque considera insuficiente limitarse a denunciar sin lograr reformas estructurales.
Exigencia de reformas y rol del nuevo gobierno
Solano Portilla plantea que no basta con que un nuevo gobierno —integrado, subraya, no solo por el presidente sino también por todos los diputados— se limite a señalar los errores de sus predecesores. A su criterio, el cambio de administración debería traducirse en correcciones concretas a las políticas fallidas y en la aprobación de nuevas y mejores leyes que impidan repetir malas prácticas de gobierno. En esa línea, reclama que las decisiones se adopten con capacidad técnica, eficiencia y apego a los procedimientos y reglamentos vigentes, advirtiendo que cualquier ruptura deliberada de estas reglas conduce a la anarquía. La columna cierra llamando a elevar el estándar de la función legislativa y a fortalecer los mecanismos de selección y control de quienes legislan, como condición para recuperar la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática de Costa Rica.
