Un modelo nacido en 1987 que se integró al primer nivel de atención
COOPESALUD fue creada en 1987 con el objetivo de aportar innovación, cercanía comunitaria y nuevas formas de gestión al sistema público, sin desplazar la responsabilidad estatal de la Caja Costarricense de Seguro Social. Dos años después impulsó el primer Equipo Básico de Atención Integral de Salud —EBAIS— del país, un hito que orientó la atención primaria hacia la integralidad de la persona, su familia y su comunidad. Con el tiempo, el modelo se amplió con la creación de COOPESAIN (1990), COOPESANA (1994) y COOPESIBA (1998), consolidando la figura de cooperativas como proveedoras del primer nivel de atención dentro de la red pública.
La evidencia de costos: cooperativas más baratas para la CCSS
La discusión sobre la conveniencia de mantener proveedores externos no es nueva, pero sí está marcada por estudios que rara vez se mencionan en el debate público. En 2004, Varun Gauri, James Cercone y Rodrigo Briceño publicaron en la revista científica Health Policy and Planning un análisis de datos de 1990 a 1999 que comparó áreas de salud cooperativas con clínicas tradicionales. Allí documentaron que las cooperativas realizaban más consultas generales y odontológicas por habitante y, aun así, mostraban gastos reales per cápita entre 14,7 % y 58,9 % menores que los de las áreas institucionales analizadas. Un segundo estudio, elaborado en 2007 por Adolfo Rodríguez Herrera para la propia Caja Costarricense de Seguro Social, estimó que el costo per cápita promedio de los proveedores externos equivalía al 91,5 % del observado en áreas institucionales, es decir, resultaban menos onerosos que la operación directa de la institución en los casos comparados.
El Estudio de Inviabilidad 2020: más caro institucionalizar diez áreas
La Caja Costarricense de Seguro Social retomó el tema en su Estudio de Inviabilidad de 2020, centrado en diez áreas de salud administradas por proveedores externos. El escenario modelado fue claro: si la Caja asumía de forma directa esas áreas, los costos anuales aumentarían entre 30 % y 60 %, dependiendo del supuesto utilizado. El informe concluyó, desde una perspectiva financiero-actuarial, que no resultaba conveniente institucionalizarlas en esas condiciones, siempre que los proveedores externos mantuvieran un nivel de servicio al menos equivalente en cobertura, calidad, oportunidad y satisfacción del usuario. El documento, lejos de ser un respaldo incondicional, plantea una condición exigente: el modelo cooperativo es viable para la institución solo si sostiene resultados verificables y comparables, y si se somete a mecanismos estrictos de evaluación y rendición de cuentas.
Resultados recientes: Barva y San Pablo entre las mejores del país
Casi cuatro décadas después del nacimiento de COOPESALUD, la discusión no puede apoyarse únicamente en datos históricos. En la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel correspondiente a 2024, las áreas de salud de Barva y San Pablo, ambas gestionadas por cooperativas, se ubicaron en el primer y tercer lugar del país en la llamada Medida Resumen. Este indicador no resume por sí solo todo el desempeño, pero muestra que las cooperativas no son solo parte del pasado reformista del sistema, sino que siguen produciendo resultados destacables. Para los defensores del modelo, estos datos respaldan la idea de un ecosistema mixto donde la Caja Costarricense de Seguro Social conserva la conducción, regulación y supervisión, mientras que actores como COOPESALUD aportan flexibilidad, innovación tecnológica y mayor cercanía territorial.
Un aniversario que obliga a decidir con evidencia, no con prejuicios
Aunque el aniversario número 39 de COOPESALUD invita a la conmemoración, el balance que emerge de los estudios y evaluaciones recientes es menos complaciente y más incómodo: suprimir o sustituir estas capacidades sin un análisis riguroso podría incrementar los costos para la Caja Costarricense de Seguro Social y afectar la oportunidad de la atención. Al mismo tiempo, las cooperativas no pueden refugiarse en su trayectoria para eludir controles, auditorías o comparaciones sistemáticas con las áreas institucionales. El reto para las autoridades de salud y los tomadores de decisión es actualizar este debate con datos actuales, definir con precisión cuándo y cómo la contratación externa agrega valor y, sobre todo, garantizar que cualquier cambio en el modelo se justifique por beneficios tangibles para la población asegurada, y no por percepciones políticas o ideológicas difíciles de sostener frente a la evidencia.
