CONARE responde a las declaraciones del viceministro de Ingresos
El Consejo Nacional de Rectores salió públicamente a precisar el alcance de las conversaciones luego de las declaraciones del viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, que vincularon el tema con posibles problemas de recaudación. Según el ente rector de la educación superior estatal, el intercambio con la Dirección General de Tributación se enmarca en un diálogo técnico y jurídico sobre cómo debe interpretarse el Impuesto sobre las Remesas al Exterior en operaciones universitarias concretas, y no en una indagación por supuesta evasión. CONARE sostiene que encasillar estas gestiones como un conflicto tributario encubierto desdibuja el esfuerzo por obtener certeza legal y respeto al principio de legalidad.
Pagos académicos en la mira del Impuesto sobre las Remesas al Exterior
Dentro de las operaciones examinadas se incluyen las cuotas de afiliación a organizaciones académicas sin fines de lucro, como el Consejo Superior Universitario Centroamericano y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, así como pagos por acceso a bases de datos, revistas científicas, libros electrónicos y repositorios especializados. Para las universidades públicas, estos insumos digitales y cuotas de asociación son esenciales para cumplir con el servicio público de educación superior y la investigación. Por ello, CONARE insiste en que el tratamiento tributario debe depender de la naturaleza jurídica y económica real de cada transacción, y no de una clasificación automática como regalías o servicios gravados que, a su juicio, desborda lo que permite la ley.
Legalidad tributaria y búsqueda de certeza jurídica desde 2021
El Consejo Nacional de Rectores subrayó que su posición parte de que la Administración Tributaria solo puede exigir el Impuesto sobre las Remesas al Exterior cuando se cumplen, de forma estricta, los supuestos que la normativa define. En esa línea, el órgano colegiado recalcó que la autoridad fiscal no debería extender el impuesto por analogía a operaciones de otra índole, particularmente cuando están vinculadas con la cooperación universitaria internacional y la circulación de conocimiento científico. Según CONARE, las universidades públicas han recurrido a vías formales de consulta ante la Administración Tributaria desde el año 2021, precisamente para obtener una interpretación clara y estable de la normativa sin exponerse a sanciones retroactivas ni a criterios cambiantes.
Convocatoria de Tributación y tensiones con el Ministerio de Hacienda
En medio de la discusión, la Dirección General de Tributación convocó oficialmente a las universidades públicas a continuar el análisis técnico durante la primera quincena de noviembre, mediante el oficio MH-DGT-DGCN-SGT-UGB2-TEMPORAL-OF-0329-2026. Este llamado pretende revisar, una por una, las operaciones internacionales sujetas a escrutinio para determinar si corresponde o no el Impuesto sobre las Remesas al Exterior. Aunque el Ministerio de Hacienda busca reforzar la recaudación, la discusión actual evidencia la tensión entre esa meta fiscal y la necesidad de no encarecer de forma desproporcionada el acceso a recursos académicos críticos para la calidad de la educación superior estatal.
Diálogo condicionado por el marco constitucional universitario
CONARE reiteró su disposición a mantener un intercambio “respetuoso y transparente” con el Ministerio de Hacienda. El Consejo afirmó que llevará a la mesa de trabajo todos los elementos requeridos para que la resolución del caso se ajuste al principio de legalidad tributaria y al marco constitucional que reconoce la autonomía de la educación superior estatal. En la práctica, lo que está en juego es si las universidades públicas podrán seguir contratando, en condiciones razonables, servicios de información, membresías académicas y plataformas digitales transfronterizas sin ser tratadas como grandes contribuyentes que pagan remesas gravadas por regalías comerciales. El desenlace del diálogo técnico de noviembre marcará el estándar para futuras contrataciones internacionales del sector universitario costarricense y podría servir de referencia para otras instituciones públicas con necesidades similares.
