Un arresto sin explicación oficial y bajo la sombra de Washington
De acuerdo con las agencias EFE y AFP, las autoridades bolivianas detuvieron a Mariaca y Zeballos cuando se disponían a viajar desde Santa Cruz de la Sierra. Hasta ahora, el Gobierno no ha comunicado de forma oficial los motivos jurídicos de la aprehensión ni los delitos que se les atribuirían. En contraste, la Fiscalía General de Bolivia salió rápidamente al paso y calificó la actuación como una intervención “ilegal”. “Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”, declaró Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, en una transmisión en directo por redes sociales institucionales, marcando una inusual confrontación abierta con las fuerzas encargadas del operativo.
Acusaciones de Estados Unidos: sobornos y protección al narcotráfico
La detención llega después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara la cancelación de visas para 12 ciudadanos bolivianos y sus familias, incluyendo a Zeballos, y la negativa a procesar nuevas solicitudes de visado para otras nueve personas, entre ellas Mariaca. Washington aseguró que “está designando públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su participación en actos significativos de corrupción” y que esa designación vuelve a su familia inmediata “generalmente no elegible” para ingresar a Estados Unidos. El comunicado fue todavía más lejos al afirmar que el fiscal “abusó de sus posiciones públicas solicitando y aceptando sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudó a los delincuentes violentos a evadir la justicia”, formulando acusaciones graves que, hasta el momento, no han sido acompañadas de evidencia pública.
Respuesta de Mariaca y reclamo de respeto a la soberanía
Antes de su arresto, Mariaca había ofrecido una rueda de prensa en la que cuestionó la decisión de Washington y la calificó de interferencia en su labor investigativa. “Me sorprendió la decisión, pero la respeto como una decisión que cada nación adopta dentro de sus propias competencias y jurisdicción”, afirmó. No obstante, añadió que “sin embargo, espero el mismo respeto hacia nuestro país, sus instituciones y sus autoridades” y aseguró que no permitiría “que se manchara su hoja de vida con acusaciones que no tiene la instancia correspondiente para poderlos aclarar”. Desde el Palacio de Gobierno, el vocero presidencial José Luis Gálvez informó que el Gobierno de Bolivia pidió formalmente a Estados Unidos la información que respalda esas imputaciones para abrir, si corresponde, investigaciones internas. “El pedido ya se hizo (...), hemos solicitado que sea con la mayor celeridad posible”, sostuvo, subrayando que La Paz pretende mantener “pleno control” sobre los procesos internos.
Trayectoria marcada por el caso Marset y el expediente Cerimedo
Abogado formado en Santa Cruz de la Sierra, Mariaca inició su carrera en esa ciudad y fue designado en 2020 como fiscal departamental de Santa Cruz. Desde ese cargo tomó relevancia pública por la investigación al uruguayo Sebastián Marset, señalado como uno de los principales capos del narcotráfico en Bolivia. En julio de 2023, durante un amplio operativo policial, Marset logró fugarse pese al despliegue de fuerzas de seguridad, y algunos funcionarios del gobierno de Luis Arce apuntaron a los fiscales regionales, incluido Mariaca, como responsables de esa falla. El fiscal replicó que fue precisamente la Fiscalía de Santa Cruz la que condujo la investigación que posibilitó el operativo y rechazó los cuestionamientos. En 2024, gracias a una votación en la Asamblea Nacional, dominada entonces por el oficialismo del Movimiento al Socialismo, fue nombrado fiscal general de Bolivia. Ya en ese cargo, encabezó la operación que terminó en la captura de Marset en marzo de este año, aunque la difusión de un video —no verificado por medios locales ni internacionales— donde se escucha a un hombre que se atribuye a Marset decir “Mariaca es mi amigo” alimentó sospechas y lecturas cruzadas sobre su verdadera relación con el capo.
El caso Cerimedo y la tensión política regional
Otro expediente sensible bajo la conducción de Mariaca fue el que involucra al consultor político argentino Fernando Cerimedo, conocido por su papel en campañas de Javier Milei en Argentina y de Rodrigo Paz en Bolivia, y señalado por diversos medios por el uso de desinformación en redes con fines electorales. Tras un ataque sicarial en agosto contra la abogada Nadia Beller, exesposa de Cerimedo, la víctima lo acusó desde el hospital de ordenar su asesinato. La Fiscalía abrió una investigación por intento de homicidio y llegó a indagar de manera preliminar a la primera dama de Bolivia, María Elena Urquidi, por presuntos vínculos con el asesor, aunque esa pesquisa fue finalmente desestimada por el propio Mariaca. El caso tuvo fuerte repercusión internacional, al punto de que el diario estadounidense The Washington Post dedicó un extenso reportaje a Cerimedo. La combinación de estos procesos de alto voltaje político, sumada a las recientes sanciones de Estados Unidos, sitúa el arresto del fiscal general en el centro de una disputa que mezcla acusaciones de corrupción, luchas internas de poder y presión diplomática, y que ahora quedará bajo la lupa de las autoridades judiciales bolivianas y de la comunidad internacional.