Nicaragua impuso la restricción a Costa Rica el pasado 6 de junio, luego que los vecinos del sur no extendieran los certificados de dos plantas lácteas de la empresa Lala, por supuestas inconformidades en términos de salud.
Según Healy el cometido de los técnicos Costarricenses no era emitir o no certificaciones si no evaluar la competencia.
Wilmer Fernández, presidente de CANISLAC aseguró que de haber supuestas inconformidades se debía estudiar el impacto en la salud de los consumidores costarricenses para confirmar calidad de los lácteos nicaragüenses.
El Ministro de Agricultura y Ganadería Luis Felipe Aráuz consultado por La Nación de Costa Rica considera la acción de Nicaragua es “represalia” ante la decisión de su país de no certificar las plantas lácteas.
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