Martes 3 Noviembre 2026
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Nicaragua: Exiliados del Movimiento Campesino Anticanal reclaman intervención militar contra Ortega y Murillo

El Movimiento Campesino Anticanal, integrado por nicaragüenses exiliados en Costa Rica, pidió a la comunidad internacional ejecutar una intervención militar para sacar del poder al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo, alegando que en Nicaragua se ha consolidado un “estado de terror” y que carecen de vías pacíficas para provocar un cambio político.

El Movimiento Campesino Anticanal pide sacar del poder a Daniel Ortega y Rosario Murillo
El Movimiento Campesino Anticanal, conformado por nicaragüenses exiliados en Costa Rica, pidió a organismos internacionales una intervención militar para forzar la salida del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, en medio de graves denuncias sobre derechos humanos en Nicaragua. (Foto: El Mundo.CR)
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Exiliados apelan a la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas y potencias occidentales

En un comunicado difundido desde Costa Rica, el Movimiento Campesino Anticanal dirigió su petición a los cancilleres de la Organización de Estados Americanos, al Departamento de Estado de Estados Unidos, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a otros gobiernos y organismos. El texto reclama “el apoyo urgente para liberar a Nicaragua de la dictadura criminal Ortega y Murillo, con una intervención militar”, formula inusual en la región por su carácter explícito. El movimiento subrayó que, a su juicio, no dispone de “los mecanismos necesarios para sacar a la dictadura por la vía pacífica”, frase con la que intenta justificar la radicalidad de su llamado y la renuncia a una salida negociada o electoral.

Denuncias de presos políticos, desapariciones forzadas y cierre de espacios cívicos

El pronunciamiento sostiene que la crisis sociopolítica nicaragüense se ha agravado en materia de derechos humanos. El movimiento denuncia un aumento de presos políticos y desapariciones forzadas, además de restricciones a la libertad de expresión y de prensa. Asegura que continúa el cierre de espacios cívicos y la cancelación de personerías jurídicas de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, lo que consideran parte de un cerco institucional que reduce al mínimo cualquier forma de disidencia organizada frente al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Persecución religiosa, a pueblos indígenas y a población en el exilio

El Movimiento Campesino Anticanal también afirma que en Nicaragua se han impuesto restricciones a la libertad de culto y que opera una persecución contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. En su diagnóstico, estas comunidades enfrentarían presiones adicionales junto con las personas críticas del Gobierno. El grupo denuncia un incremento de quienes no pueden regresar al país por prohibiciones de ingreso y habla de una supuesta “represión transnacional”, aludiendo a acciones que, según ellos, buscan alcanzar a opositores más allá de las fronteras nicaragüenses, incluida la población exiliada en Costa Rica.

Acusación de “estado de terror” y suspensión indefinida de los procesos electorales

En otro tramo del comunicado, los exiliados describen la situación actual como la “consolidación de un estado de terror sobre la población nicaragüense” y sostienen que los procesos electorales se encuentran suspendidos de forma indefinida. Para el movimiento, esa suspensión elimina toda posibilidad de alternancia institucional. La organización remata su mensaje agradeciendo y respaldando “todos los esfuerzos de la comunidad internacional por el apoyo a la restauración de la democracia” en Nicaragua, y cierra con la consigna “¡Viva Nicaragua!”, con la que busca reforzar el carácter patriótico que atribuyen a su controversial llamado a intervención militar.

Expectativa ante la reacción internacional y el futuro de la crisis nicaragüense

Hasta el momento, el comunicado del Movimiento Campesino Anticanal solo deja constancia de su apelación directa a la Organización de Estados Americanos, al Departamento de Estado de Estados Unidos, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Unión Europea, sin que se detallen respuestas formales de estas instancias. La exigencia de una intervención militar, poco frecuente en pronunciamientos de organizaciones civiles exiliadas, añade una nueva dimensión al debate sobre cómo responder a las denuncias de presos políticos, restricciones de derechos y cierre de espacios democráticos en Nicaragua, y deja abierto el interrogante sobre qué tipo de acciones estarán dispuestas a asumir las potencias y organismos convocados.