Calendario exprés y prórroga del mandato presidencial
La “copresidenta” Rosario Murillo anunció que la nueva reforma será aprobada en primera legislatura en los “primeros días del mes de la patria”, es decir, a inicios de septiembre de 2026, por la Asamblea Nacional de Nicaragua. De acuerdo con la legislación vigente, las enmiendas constitucionales deben ratificarse en dos legislaturas, por lo que la confirmación quedaría para el primer semestre de 2027. Ese mismo año deben realizarse las elecciones nacionales, cuya fecha original —noviembre de 2026— ya había sido prorrogada por la Constitución “Chamuca”. Juristas nicaragüenses en el exilio anticipan que el régimen utilizará este margen temporal para prorrogar de facto el mandato de Ortega y Murillo y terminar de ajustar el sistema político a su continuidad indefinida.
Un diseño para eliminar las elecciones competitivas
El anuncio de septiembre concreta la orden emitida por Daniel Ortega el 19 de julio, cuando exigió levantar un “muro” legal contra quienes califica de “golpistas” y “vendepatrias”, con el propósito de impedirles volver a disputar el poder por la vía electoral. Aunque el contenido del proyecto no se ha difundido, juristas consultados por *Confidencial Digital* coinciden en que el objetivo central es desmantelar por completo el sistema electoral vigente. Un abogado constitucionalista, identificado como Carlos y obligado al anonimato por seguridad, sostiene que la reforma incluirá “elementos de prórrogas de la jefatura de Estado y de Gobierno de Daniel y Rosario”, y que reforzará un marco legal ya construido para excluir cualquier oposición organizada de los procesos institucionales.
De la democracia representativa a la “democracia directa” controlada
La abogada constitucionalista Azahálea Solís, desnacionalizada por la dictadura, describe el momento como “estamos en la demolición del Estado” y advierte la ausencia total de contrapesos políticos frente a la deriva dinástica. Recuerda que la Constitución “Chamuca” redujo los poderes del Estado a simples “órganos” subordinados a la Presidencia, amplió el periodo presidencial de cinco a seis años, creó la figura de la “copresidencia” y eliminó toda referencia a la democracia representativa, dejando únicamente la llamada “democracia directa”. Para Carlos, el siguiente paso será potenciar esa democracia directa como justificación ideológica, apoyándose en estructuras como los Consejos del Poder Ciudadano, usados desde 2007 como aparato de control político y vigilancia social por Murillo. Solís resume el alcance del poder concentrado en la pareja presidencial al afirmar que “el tema no es normativo” y que Ortega y Murillo “sencillamente van a hacer lo que ellos quieran hacer y lo pueden hacer, además”.
Reforma paralela a la Ley Electoral y apagón de las urnas
En paralelo a la reforma de la Carta Magna, especialistas advierten que el régimen deberá modificar nuevamente la Ley 331 o Ley Electoral, que regula los procesos nacionales, municipales y regionales. Esta ley ya fue reformada integralmente el 5 de marzo de 2025 para incorporar la “copresidencia”, ampliar a seis años el periodo presidencial, subordinar el Consejo Supremo Electoral a la Presidencia y eliminar el plebiscito y el referendo. Los juristas prevén que los nuevos cambios se orientarán a abolir o vaciar de contenido las elecciones como mecanismo de acceso al poder, consolidando un sistema donde cualquier consulta se reduzca a rituales plebiscitarios controlados por el Ejecutivo, sin competencia real ni posibilidad de alternancia.
Operación de fachada: consultas internas y críticas externas
En su monólogo del 27 de julio de 2026, Rosario Murillo aseguró que la Asamblea ha iniciado una “Consulta Nacional” sobre la reforma, que incluye reuniones con el Cuerpo Diplomático y Misiones acreditadas en Nicaragua, así como con “autoridades” de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de Justicia, el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y sectores productivos. El encuentro con embajadores, realizado en un salón de la Cancillería y transmitido por el Canal Parlamentario, fue presidido por el diputado sandinista Gustavo Porras, los “cocancilleres” Denis Moncada Colindres y Valdrack Jaentschke, el asesor presidencial Laureano Ortega Murillo y el ministro asesor Iván Lara. Pese a la puesta en escena consultiva, países como Costa Rica, Estados Unidos, Panamá —que retiró a su embajador—, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay, así como la Unión Europea, el secretario general de la OEA y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ya han expresado rechazo o preocupación ante los cambios que buscan sellar el fin de las elecciones competitivas en Nicaragua. El desenlace de esta reforma marcará el siguiente capítulo del desmantelamiento institucional en el país y pondrá a prueba la capacidad internacional de presión frente a un régimen decidido a blindar su permanencia indefinida en el poder.
