Treinta y tres horas bastaron para que el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa se convirtiera en un expediente de ruptura interna en el oficialismo: el mandatario anunció en Culiacán su vuelta al cargo pese a estar imputado por narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), y terminó forzado a pedir de nuevo una licencia temporal con carácter indefinido.