El caso se remonta a 2018, cuando la víctima desapareció después de haberse reunido con Zavala en San Salvador. Semanas después, su cuerpo fue hallado en un pozo seco ubicado en Usulután, dentro de una propiedad perteneciente a familiares del acusado. La Fiscalía sustentó la acusación con peritajes forenses, testimonios y otros elementos de prueba que vincularon a Zavala con el feminicidio.
El tribunal determinó que existían pruebas suficientes para dictar la pena máxima por este delito, reafirmando el compromiso de la justicia salvadoreña en la lucha contra la violencia de género.
