Seguridad récord a cambio de poder concentrado y cárceles masivas
El giro en la seguridad sostiene la popularidad de Nayib Bukele, que según un ranking de la consultora CB Global Data alcanzó un 67,4% de aprobación y es respaldado por 57 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador. El régimen de excepción permite arrestos sin orden judicial y detenciones prolongadas con acceso limitado a la defensa. Con ello, El Salvador pasó a tener la mayor tasa de encarcelamiento del mundo: 1 659 presos por cada 100 000 habitantes, es decir, el 1,6% de su población, de acuerdo con World Prison Brief. Paralelamente, reformas legales y decisiones de la Corte Suprema de Justicia han abierto la puerta a la reelección continua y a mandatos de seis años, lo que permitiría que Bukele permanezca en el poder hasta 2033 si gana las elecciones de 2027.
Barrios sin maras, pero con soldados y pobreza en aumento
En comunidades como la Campanera, antes bastión del Barrio 18, vecinas como la maestra Adélia Rosales describen un cambio radical: niños jugando de noche, comercios abiertos y ausencia visible de pandillas, bajo la vigilancia permanente de decenas de soldados. Sin embargo, detrás de este relato de orden hay una economía desigual. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía salvadoreña creció un 3,9% en 2025 —por encima del 2,6% de Centroamérica y del 2,4% promedio de los cinco años previos al gobierno de Bukele— y el desempleo cerró en 4,72%. Pero el Banco Mundial reporta que la proporción de hogares bajo la línea nacional de pobreza subió del 22,8% al 27,2% entre 2019 y 2023, mientras la pobreza extrema casi se duplicó, del 4,3% al 8,8%. Vendedores como José Manuel, en el centro de San Salvador, hablan de una renovación urbana que califican de "maquillaje para que crean que estamos bien" y denuncian que "no hay esperanza de salir de este ciclo, porque no hay trabajos".
El miedo cambió de nombre: de las maras al Estado
Mientras el gobierno exhibe la reducción de homicidios como su gran triunfo, organizaciones como Ayuda Legal Humanitaria documentan la otra cara de la ofensiva. Según esta ONG, 537 personas arrestadas en el régimen de excepción murieron bajo custodia estatal antes de ser juzgadas. Una de esas historias es la de Marta Elena González, cuyo hijo José Alfredo fue detenido en 2022 en la zona rural del Bajo Lempa por denuncias anónimas de supuestos vínculos con pandillas. Tres años después, la familia se enteró de su muerte por una publicación de una funeraria en Facebook, que revelaba que había pasado nueve días hospitalizado por una infección bacteriana. "Cuando se lo llevaron, ni siquiera estaba enfermo", relata la madre, que nunca fue notificada por las autoridades. Según entidades de derechos humanos, el sistema judicial está saturado, miles de personas llevan años presas sin acusación formal y en algunos casos ni siquiera se ejecutan las órdenes de libertad.
Un modelo exportable con causas estructurales intactas
El llamado modelo Bukele se ha convertido en referencia para candidaturas en varios países latinoamericanos y ya inspira a figuras como Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Ronaldo Caiado y Romeu Zema en Brasil. Pero analistas como Juan Carlos Torres, de la Universidad Don Bosco, advierten que el gobierno solo atacó "la cara más visible de la violencia" y no sus causas estructurales, como la pobreza y la desigualdad. Aunque cerca de 9 000 personas detenidas durante el régimen de excepción han sido liberadas al comprobarse que no tenían vínculos con pandillas, lo que representa alrededor del 10% de los arrestados, el país sigue dependiendo de un andamiaje punitivo sin precedentes y de megajuicios colectivos que, según los críticos, erosionan el derecho a la defensa individual. Con Bukele ya lanzado a buscar un tercer mandato en 2027 y con las maras debilitadas pero no necesariamente las raíces sociales de la violencia, el futuro de El Salvador oscila entre la promesa de un país "más seguro" y el riesgo de consolidar un sistema cada vez más autoritario y excluyente.
