Un millonario caso de obra pública bajo sospecha
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos atribuidos a David Gutiérrez Miranda ocurrieron entre diciembre de 2005 y enero de 2007, cuando ejercía como ministro de Obras Públicas en la administración del entonces presidente Elías Antonio Saca. El expediente se centra en la etapa de diseño y construcción del bulevar Diego de Holguín, tramo dos, en el distrito de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad. La obra estaba programada para ejecutarse en 420 días, pero al cumplirse ese plazo no había sido concluida, pese a que el Ministerio de Obras Públicas ya había realizado los pagos mensuales a la empresa constructora. La tesis fiscal sostiene que hubo omisiones e incumplimientos del exfuncionario que se tradujeron en desembolsos y pagos presuntamente indebidos con fondos públicos.
Pericia financiera y señalamiento de peculado
Una pericia financiera contable incorporada al proceso estableció que el presunto perjuicio económico para el Estado salvadoreño asciende a 10 643 278,98 dólares. Ese monto, según la acusación, sería consecuencia directa de decisiones administrativas y controles deficientes durante la gestión de David Gutiérrez Miranda al frente del Ministerio de Obras Públicas. Con base en esos hallazgos, el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador resolvió enviar el caso a la fase de juicio para que un tribunal determine si el exministro incurrió en el delito de peculado en perjuicio de la administración pública o si debe ser exonerado. Al tratarse de un proceso sin sentencia firme, el exfuncionario mantiene la condición de imputado y goza de la presunción de inocencia.
Rebeldía, orden de captura y desafíos para la justicia
Durante la audiencia preliminar, el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador analizó la oferta probatoria presentada por las partes para su eventual incorporación en el debate oral y público. En esa misma diligencia, el juez declaró en rebeldía a David Gutiérrez Miranda, quien se encuentra prófugo de la justicia, y ordenó girar una orden de captura en su contra. Esta situación coloca a las autoridades ante el reto de ejecutar la detención para que el juicio pueda realizarse con la presencia del imputado y se garantice el derecho de defensa. El caso, ligado a la obra del bulevar Diego de Holguín en Santa Tecla, actualmente denominado bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, se perfila como uno de los procesos emblemáticos sobre la gestión de la obra pública de ese período y abre la puerta a un escrutinio más estricto sobre el uso de recursos estatales en proyectos de gran impacto vial.
