Condena penal y millonaria responsabilidad civil
La condenada, identificada como Iradia de los Ángeles Campos de Umanzor, de nacionalidad nicaragüense, fungía como representante legal de una empresa dedicada a la importación y comercialización de productos agrícolas de origen vegetal. El tribunal la declaró responsable del delito de defraudación al fisco en la modalidad de evasión de impuestos, en perjuicio de la hacienda pública, y le impuso además el pago de 4 296 751,68 dólares, más intereses, en concepto de responsabilidad civil. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, Campos de Umanzor aprovechó su calidad de representante legal para evadir el pago de tributos que debía enterar al Estado salvadoreño, afectando directamente los ingresos del erario nacional y evidenciando la vulnerabilidad del sistema fiscal frente a contribuyentes que operan en rubros de alta facturación como el comercio agrícola.
Peritaje financiero y omisión de declaraciones tributarias
La oficina de prensa de los Centros Judiciales detalló que, según la pericia financiera practicada en el caso, la procesada realizó acciones deliberadas e intencionales para eludir sus obligaciones fiscales. El informe concluyó que Campos de Umanzor omitió presentar las declaraciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda durante el período comprendido entre marzo y diciembre de 2021, etapa en la que su empresa continuó operando en el mercado de productos agrícolas de origen vegetal. Esa omisión, calificada por los peritos como consciente y planificada, impidió que el Estado registrara y cobrara los impuestos correspondientes, acumulando un perjuicio superior a los 4,2 millones de dólares. En contraste, en este mismo proceso el tribunal decidió absolver a la imputada por otro cargo vinculado al ejercicio fiscal de 2018, al considerar que existía insuficiencia probatoria para sustentar una condena adicional por evasión fiscal en ese año.
Proceso en ausencia y difusión roja de Interpol
Campos de Umanzor enfrentó el juicio en calidad de ausente, lo que obligó al Juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador a desarrollar la vista pública sin la presencia física de la imputada. De acuerdo con la información proporcionada por los Centros Judiciales, la pena de ocho años de prisión únicamente podrá ejecutarse una vez que sea efectivamente capturada. Por ello, el juez ordenó su inmediata detención y anunció que el tribunal gestionará ante Interpol los requerimientos necesarios para emitir una difusión roja y buscar su localización en otros países. Este paso coloca el caso en una fase transnacional, ya que cualquier autoridad migratoria o policial que identifique a la condenada podría proceder a su arresto para que responda por la sentencia dictada en El Salvador y por la obligación de pagar la millonaria responsabilidad civil fijada por los jueces.
Mensaje al sector empresarial y retos para la persecución fiscal
El fallo, sustentado en las pruebas recolectadas por la Fiscalía General de la República y en el peritaje contable, envía una señal directa al sector empresarial vinculado a la importación de productos agrícolas sobre las consecuencias penales de ocultar información tributaria y de omitir declaraciones ante el Ministerio de Hacienda. Al mismo tiempo, el desenlace deja al descubierto desafíos persistentes en la persecución de los delitos fiscales: la principal condenada se encuentra prófuga, lo que obliga a recurrir a mecanismos de cooperación internacional para lograr su captura. La combinación de una sentencia de prisión, una fuerte carga económica por responsabilidad civil y la activación de la difusión roja de Interpol perfila los próximos pasos del proceso, que dependerán de la eficacia de las autoridades para ubicar a Iradia de los Ángeles Campos de Umanzor y hacer que la condena sea realmente ejecutable.
