Engaño espiritual y abusos continuados durante más de un año
Según la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024 en el distrito de Tonacatepeque. La investigación estableció que Miguel Isaac Rivera Munguía y Claudia Verónica Cruz Rodríguez elaboraron un relato de supuesta brujería para someter a la víctima: le aseguraban que sus propios familiares habían realizado “un trabajo espiritual” en su contra y que, para “alejarle los malos espíritus”, debía mantener relaciones sexuales con Rivera Munguía. La institución fiscal detalló que la menor fue objeto de violaciones y otras agresiones sexuales durante más de un año, bajo un esquema de manipulación emocional y abuso de confianza.
Amenazas de silencio y rol activo de la cómplice
La Fiscalía General de la República indicó que la víctima no solo fue engañada, sino también presionada para no denunciar. “Además, la amenazaban y manipulaban para que guardara silencio. Los abusos se prolongaron por más de un año, hasta que la víctima relató a un familiar el daño físico y psicológico que sufría”, señaló la institución. De acuerdo con el expediente presentado ante el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador, Cruz Rodríguez desempeñó un papel clave como cómplice necesaria al reforzar la narrativa del supuesto “trabajo espiritual” y facilitar que se concretaran los encuentros sexuales con Rivera Munguía.
Condenas ejemplarizantes por violación agravada y otras agresiones sexuales
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental, el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador declaró culpables a ambos procesados. A Miguel Isaac Rivera Munguía lo condenó a 40 años de cárcel por el delito de violación en menor o incapaz agravada continuada y por otras agresiones sexuales agravadas. Por su parte, Claudia Verónica Cruz Rodríguez fue condenada a 30 años de prisión por violación en menor o incapaz agravada continuada en calidad de cómplice necesaria, así como por otras agresiones sexuales agravadas también en calidad de cómplice necesaria. Las penas buscan responder a la prolongación del daño, a la utilización de creencias espiritualistas como herramienta de dominación y al impacto físico y psicológico documentado en la víctima.
Responsabilidad institucional y desafíos en la protección de la niñez
El fallo del Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador y la actuación de la Fiscalía General de la República dejan en evidencia la vulnerabilidad de niñas y adolescentes ante esquemas de abuso que se amparan en discursos de brujería o prácticas espirituales para legitimar violencia sexual. El caso también subraya la importancia de que familiares y entornos cercanos detecten cambios de conducta y escuchen los relatos de las víctimas, como ocurrió cuando la menor finalmente confió lo sucedido a un pariente. La sentencia abre paso a que las autoridades fortalezcan la prevención y la educación comunitaria frente a estos mecanismos de control, con el reto de que futuras investigaciones profundicen en redes o patrones similares para desarticular cualquier intento de repetir estos delitos.
