Hasta US$10 000 semanales salen de las cuentas de donantes coordinados por Casey Revkin hacia las cuentas internas de familias con menores encerradas en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas. El dinero permite a los detenidos comprar agua embotellada, comida y artículos de higiene, mientras organizaciones como Human Rights First y Raíces denuncian condiciones inhumanas y la empresa CoreCivic, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, sostiene que el centro cumple los estándares federales.