Quince países del continente americano acordaron el 22 de septiembre, en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, homologar sanciones económicas y restricciones de movilidad contra 24 organizaciones criminales catalogadas como narcoterroristas, adoptando de forma colectiva las designaciones que hasta ahora aplicaba en solitario el Departamento del Tesoro de Washington.