Doce años después del derrame de 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado desde la mina Buenavista del Cobre, operada por una filial de Grupo México en Cananea, más de 22 000 habitantes de ocho municipios en Sonora siguen viviendo con miedo a abrir la llave. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que, hasta 2024, las autoridades no han garantizado una atención de salud adecuada ni permanente en la cuenca del río Sonora.