De exiliado uruguayo a preso por una fotografía
José Ricardo Breijo Fedorchenko llegó a Venezuela hace casi cinco décadas huyendo de la dictadura militar en Uruguay, pero terminó siendo considerado por organizaciones de derechos humanos y por el gobierno de Montevideo como el único uruguayo preso político en territorio venezolano. Su conflicto con las autoridades comenzó a finales de 2023, cuando tomó una foto en una oficina de Caracas donde, según él, se reunían simpatizantes de Hamás, organización catalogada como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. El propio Breijo relató que la imagen mostraba una bandera verde con una inscripción en árabe en rojo y que, tras intentar mostrarla en una sinagoga, fue contactado por un supuesto rabino que en realidad resultó ser un funcionario policial. De acuerdo con su testimonio a medios como El País, fue citado en una panadería, y apenas exhibió la fotografía lo esposaron y lo detuvieron. El proceso penal se tramitó ante el Juzgado Especial Segundo de Juicio con competencia en Terrorismo de Caracas, pero en los registros digitales del Tribunal Supremo de Justicia no aparece información pública sobre su causa, más allá de un expediente civil de 2007 relativo a una empresa, lo que alimenta críticas sobre la opacidad judicial y la dificultad para seguir la trazabilidad de casos considerados políticos.
La cárcel de Tocuyito y el deterioro físico extremo
Tras pasar meses en calabozos policiales en Caracas, Breijo fue trasladado a la prisión de Tocuyito, en el estado Carabobo, donde su salud se desplomó. El periodista y activista Carlos Julio Rojas, integrante del Frente de Defensa del Norte de Caracas, sostiene que el uruguayo fue víctima de “tratos inhumanos” en ese penal. Explicó que, al momento de la detención, Breijo pesaba alrededor de 120 kilogramos, pero salió con apenas 60 y con un edema pulmonar bilateral. A su juicio, la medida de casa por cárcel fue concedida por el Juzgado Especial Segundo de Juicio con competencia en Terrorismo de Caracas como una salida humanitaria para evitar su muerte tras las rejas. Rojas declaró que “se presume que murió de un infarto, pero hay que esperar los resultados de la autopsia”, subrayando que la causa oficial del deceso aún no ha sido confirmada por el Ministerio Público. Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón señalaron que Breijo “falleció bajo medidas coercitivas y con secuelas de salud que reflejan el devastador costo humano de la privación de libertad y los procesos injustos”, reforzando la idea de una responsabilidad estatal en el desenlace.
La casa invadida por un funcionario vinculado a su detención
Cuando el Juzgado Especial Segundo de Juicio con competencia en Terrorismo de Caracas le otorgó la detención domiciliaria, otra situación reveló un patrón de abuso adicional: su apartamento en Caracas había sido ocupado. El propio Breijo afirmó que “el policía que me metió preso puso acá a una familia”, denunciando lo que calificó como una práctica frecuente en ciertos cuerpos de seguridad: detener a personas que viven solas, enviarlas a prisión y apropiarse de sus viviendas. Imágenes del uruguayo durmiendo en un colchón en la entrada del edificio se viralizaron y llevaron a que vecinos contactaran al Frente de Defensa del Norte de Caracas. Rojas explica que, tras la visibilización del caso y la intervención de la Defensoría del Pueblo, el funcionario que ocupaba el inmueble terminó devolviendo la propiedad. Sin embargo, el alivio fue relativo: el apartamento estaba desvalijado y, según el activista, las pertenencias de Breijo ya habían sido sacadas. Esta combinación de despojo patrimonial y arresto domiciliario lo colocó en una situación de extrema vulnerabilidad, al punto de dificultar el cumplimiento estricto de la propia medida judicial.
Un fallecimiento que amplifica las denuncias sobre el sistema penitenciario
La muerte de Breijo se suma a un cuadro más amplio. El Observatorio Venezolano de Prisiones reporta que solo en 2026 han fallecido 49 reclusos por falta de medicamentos y malnutrición, mientras que el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos contabiliza 27 presos políticos muertos bajo custodia desde 2014. Paralelamente, la organización Foro Penal sostiene que, pese a la Ley de Amnistía aprobada por Delcy Rodríguez, aún existen 382 presos políticos en el país, 40 de ellos de nacionalidad extranjera. Diversos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han cuestionado el hacinamiento, la insalubridad y las restricciones de acceso a asistencia médica en las cárceles venezolanas. Para Rojas, “este caso es responsabilidad del Estado porque su deterioro físico fue consecuencia de los tratos inhumanos a los que fue sometido en Tocuyito” y asegura que “la Fiscalía dejó el caso engavetado”. Tampoco hubo respuesta pública del fiscal general Larry Davoe, pese a los intentos de BBC News Mundo por obtener su versión.
Responsabilidades políticas y ausencia de cierre judicial
El carácter político del encierro de Breijo es subrayado por las organizaciones que acompañaron su caso y por el propio gobierno uruguayo, que lo reconocía como preso político en Venezuela. Rojas afirmó que “hasta el último aliento le negaron la libertad plena tanto Nicolás Maduro, que lo secuestró, como Delcy Rodríguez, que no le dio la libertad”, una acusación que se inscribe en las críticas internacionales al uso del sistema penal venezolano contra la disidencia y extranjeros críticos. Mientras organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantienen sus señalamientos, el expediente penal de Breijo sigue sin transparencia pública en el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público no ha presentado un informe integral sobre su detención, su deterioro físico ni las circunstancias precisas del fallecimiento. Su caso deja abiertas preguntas sobre la revisión de las medidas de casa por cárcel en situaciones de grave enfermedad, el control efectivo de las ocupaciones ilegales ligadas a funcionarios y el futuro de los 382 presos políticos contabilizados por Foro Penal, entre ellos 40 extranjeros que podrían enfrentar riesgos similares si no se producen reformas profundas en el sistema carcelario y judicial venezolano.