Del gesto simbólico a una red de “palacios presidenciales”
El nuevo presidente decidió romper el protocolo desde el primer día. En lugar de jurar en el centro histórico de Bogotá, optó por una universidad privada en Cali, tercera ciudad más poblada del país y eje del Pacífico, una región golpeada por la violencia: según las cifras oficiales, el Valle del Cauca registró la mayor tasa de homicidios en 2025. Ese escenario sirvió para que De la Espriella reiterara que su gobierno tendrá “sedes alternas” de la Presidencia de la República en Medellín, Cali y Barranquilla y que no gobernará exclusivamente desde la tradicional Casa de Nariño. El mandatario afirmó en redes sociales que su meta es “acercar el poder a los ciudadanos y demostrar que Colombia no se gobierna únicamente desde el centro”. Su ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, aseguró que una de las prioridades legislativas será declarar a Barranquilla “capital alterna” del país, como reivindicación de las regiones costeras históricamente alejadas del centro político. La cercanía personal y empresarial del presidente con Barranquilla —donde residen él y la firma De La Espriella Lawyers— refuerza el peso político de esa ciudad en el diseño de la nueva arquitectura del poder.
¿Descentralización real o ruptura meramente simbólica?
El discurso oficial presenta el plan como un golpe directo al bogocentrismo. La Constitución colombiana consagra la descentralización administrativa como principio fundamental del Estado, pero en la práctica la mayoría de instituciones nacionales y de recursos continúan concentrados en Bogotá. Para el politólogo Andrés Dávila, profesor de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, la propuesta de sedes alternas tiene más de gesto que de reforma estructural: a su juicio, una descentralización seria debería reorganizar la distribución del dinero a través de herramientas como el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, más que mudar oficinas presidenciales. Dávila recuerda que anteriores gobiernos ya intentaron acercarse a las regiones —como los “consejos comunitarios” de Álvaro Uribe— sin transformaciones de fondo en el modelo centralista. Desde esa óptica, que el presidente despache ocasionalmente en Medellín, Cali o Barranquilla no cambia que la Presidencia de la República siga concentrando el poder decisorio, con o sin oficinas fuera de Bogotá. El propio experto se muestra escéptico sobre la utilidad y advierte que “la descentralización lo que necesita es plata”, no solo sedes protocolarias.
Costos, donaciones privadas y dudas de austeridad
Las obras para adecuar edificios como un inmueble del Ejército Nacional en Barranquilla, el Palacio Rafael Uribe Uribe en Medellín o el Centro Cultural de Cali como nuevas sedes presidenciales han encendido una discusión sobre costos y transparencia. La exsenadora del Centro Democrático y excandidata presidencial Paloma Valencia cuestionó en Blu Radio si este plan es compatible con la austeridad prometida, al advertir que en la práctica se está levantando un nuevo palacio presidencial en Barranquilla mientras la Casa de Nariño se convertiría en museo, tal como propone De la Espriella. El presidente ha rechazado que se construya una residencia desde cero y sostiene que “la edificación ya existía”, y que únicamente se adelantan adecuaciones de seguridad y funcionamiento propias de una sede de la Presidencia de la República. Asegura además que en Barranquilla las obras no se financian con recursos públicos, sino con donaciones personales y de empresarios locales. Sin embargo, no se han divulgado montos ni detalles de esos aportes ni se ha explicado con claridad qué ocurrirá con las entidades que actualmente ocupan los inmuebles que pasarán a albergar al Ejecutivo. Sin cifras oficiales ni cronogramas precisos, el discurso de austeridad se enfrenta a un creciente escrutinio político y ciudadano.
Un rompecabezas logístico y de seguridad para el Ejecutivo
Más allá del debate simbólico, el funcionamiento cotidiano del gobierno con cuatro sedes preocupa a exfuncionarios y especialistas. Maria Paula Correa, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia durante el mandato de Iván Duque, considera que, aunque la intención pueda ser loable, su viabilidad operativa es incierta. Recuerda que los ministerios siguen radicados en Bogotá y que, en la práctica, el presidente necesita ver a sus ministros en cuestión de minutos, no de horas ni con traslados aéreos constantes. A esto se suman los retos de seguridad: la Casa de Nariño es sede y residencia presidencial desde 1980 y ha sido objeto de décadas de ajustes en esquemas de protección, algo que no se reproduce fácilmente en nuevos edificios. La decisión de sacar la sede bogotana del palacio actual para instalarla en el Palacio San Carlos, donde opera la Cancillería, resulta especialmente delicada para Correa, quien advierte que el inmueble ni siquiera ofrece espacio suficiente para el despliegue del esquema de seguridad y se encuentra en un sector de calles coloniales estrechas. Dávila, por su parte, subraya que el presidente acumula múltiples amenazas y se mueve con un dispositivo de protección pesado, por lo que los viajes continuos entre ciudades podrían elevar los costos y la exposición a riesgos, incluso si se recurre de manera intensiva a reuniones virtuales y coordinación remota.
Alcaldes aliados y el riesgo de privilegios regionales
Si en Bogotá predominan las reservas, en las ciudades anfitrionas de las nuevas sedes alternas el ambiente es de entusiasmo. El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, ofreció el Palacio Rafael Uribe Uribe en Medellín como despacho presidencial, mientras el alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció que el actual Centro Cultural de Cali será rebautizado como Palacio Presidencial de Santiago de Cali. En Barranquilla, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó que un edificio del Ejército Nacional se adapta para que De la Espriella gobierne desde allí. Las relaciones políticas también juegan: el presidente cuenta con alcaldes cercanos en Barranquilla y Medellín, como Alejandro Char y Federico Gutiérrez, cuya hermana y dos aliados participan en el gabinete nacional. Para el politólogo Dávila, es probable que estos lazos se traduzcan en una gestión más fluida de proyectos locales que durante el gobierno de Gustavo Petro, marcado por tensiones ideológicas con esos mandatarios. La incógnita es si esa cercanía se convertirá en un verdadero impulso a una reforma de descentralización con reglas claras para todos los territorios, o si consolidará un mapa de ciudades privilegiadas con acceso preferente a la toma de decisiones. De cara al futuro inmediato, el éxito o fracaso de esta reconfiguración del poder ejecutivo dependerá de si el gobierno logra superar los obstáculos logísticos y de seguridad, transparentar los costos y convertir el experimento en cambios duraderos en la distribución de recursos y competencias en Colombia, más allá de la foto de un presidente despachando fuera de Bogotá.