Más de 85 000 personas detenidas bajo un régimen de excepción en El Salvador, 69 280 muertos en la guerra interna peruana —el 30% atribuido a agentes del Estado, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación— y un 66% de aumento de homicidios en una década en Costa Rica ilustran el dilema: cada vez más países de América Latina entregan la seguridad pública a los militares para enfrentar el crimen organizado.