Entre 20 y 50 colegios militarizados de México, que atienden a entre 10 000 y 20 000 estudiantes, enfrentan una transformación forzada tras la orden de la Secretaría de Educación Pública, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, de prohibir este modelo educativo después de la muerte por asfixia por sumersión de una menor de 13 años en un campamento de verano militar en Tamaulipas, hecho investigado por la Fiscalía como posible feminicidio con tres personas detenidas.