Un Senado más conservador y alineado con el Partido Liberal
En la renovación de dos tercios de los 81 escaños del Senado, estaban en juego 54 sillones. El Partido Liberal logró 19 de esos 54, impulsado por la elección de Michelle Bolsonaro por el Distrito Federal y Carlos Bolsonaro por Santa Catarina, y pasará a controlar 28 lugares a partir de febrero. La fuerza de Lula, el PT de Lula, se quedará con solo nueve senadores, lo que consolidará a la Cámara alta como un filtro rígido ante cualquier intento de giro progresista. La aritmética política es decisiva: para abrir un proceso de destitución contra un juez del Supremo Tribunal Federal se requieren 54 votos, equivalente a dos tercios del Senado, cifra que el Partido Liberal no alcanza por sí solo, pero a la que podría aproximarse con el apoyo de aliados de derecha y del llamado centrão.
El Supremo Tribunal Federal, bajo presión tras la condena a Bolsonaro
El enfrentamiento entre el bolsonarismo y el Supremo Tribunal Federal es de larga data, pero se agudizó después de que la corte condenara a Jair Bolsonaro en septiembre de 2025 a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado. El juez Alexandre de Moraes, ponente de ese proceso, se convirtió en objetivo prioritario de los ataques del movimiento, que reclama su destitución. Aunque los números actuales no permiten a la derecha radical alcanzar por sí sola los 54 votos necesarios para remover a un magistrado, el nuevo equilibrio abre una ventana a maniobras de presión institucional. La elección del próximo presidente del Senado, prevista para febrero de 2027, será clave: esa autoridad decide qué denuncias se tramitan, incluidas las que apunten a jueces del Supremo Tribunal Federal, lo que convierte el cargo en una pieza estratégica para condicionar o bloquear el funcionamiento de la máxima corte del país.
La batalla por las vacantes en el Supremo y el margen de maniobra de Lula
El próximo Senado también tendrá en sus manos una reconfiguración profunda del Supremo Tribunal Federal, compuesto por 11 jueces designados por el presidente y obligados a jubilarse a los 75 años. En la siguiente legislatura, al menos tres magistrados —Luiz Fux, Cármen Lúcia y Gilmar Mendes— alcanzarán esa edad, y existe ya una cuarta plaza vacante que el actual Senado no concedió a Lula. Si Flávio Bolsonaro gana la presidencia, podría nombrar hasta cuatro nuevos jueces con el beneplácito de una mayoría afín en la Cámara alta, sumando a los ya designados por su padre, Kassio Nunes Marques y André Mendonça, y conformar una mayoría conservadora de hasta seis integrantes sobre 11. En cambio, si Lula retiene el poder, se enfrentará a un Senado más hostil que podría bloquear sistemáticamente a sus candidatos, prolongando la crisis interna que arrastra el tribunal por escándalos de corrupción y disputas entre magistrados y debilitando su capacidad de arbitraje constitucional.
La Cámara de Diputados y el poder del centrão
En paralelo al giro del Senado, la Cámara de Diputados también se inclina hacia la derecha. Con 175 de los 513 escaños asignados al filo de las 23.00, el Partido Liberal sumaba 48 diputados, más del doble que el PT de Lula, que se quedaba en 19. El resto de los asientos se distribuye, sobre todo, entre una decena de partidos de centro y derecha agrupados bajo la etiqueta centrão, cuyo comportamiento histórico se rige por el intercambio de cargos, recursos y enmiendas presupuestarias. Sin mayoría propia en ninguna de las dos cámaras, un eventual Gobierno de Lula dependería de forma aún más intensa de estas fuerzas volátiles, obligado a negociar cada votación clave y a convivir con un Senado con capacidad real para congelar nombramientos o frenar reformas estructurales.
Desprestigio del Congreso y el engranaje de las enmiendas
El nuevo equilibrio de poder se asienta sobre un Congreso brasileño profundamente desacreditado. De acuerdo con un sondeo de Datafolha, solo el 18 % de la población considera que sus parlamentarios realizan un buen trabajo, pero la mayoría de los congresistas logra revalidar el mandato. Los analistas lo explican por dos factores: el acceso privilegiado al fondo electoral público, distribuido por las cúpulas partidarias, y las enmiendas parlamentarias. Estas enmiendas son partidas del presupuesto federal que cada diputado o senador dirige a obras o proyectos en su base electoral desde 2015 con ejecución obligatoria en buena parte, y cuyo volumen no ha dejado de crecer pese a un control limitado. Aun con mayores controles impulsados por el Supremo Tribunal Federal desde 2024, el mecanismo sigue descrito como una vía para asegurar reelecciones, encubrir desvíos de recursos y presionar al Gobierno federal, lo que anticipa que el próximo presidente —sea Lula o Flávio Bolsonaro— afrontará un mandato marcado por chantajes presupuestarios y tensión institucional entre el Congreso reforzado y un Supremo Tribunal Federal bajo asedio político.