El pasado 20 de septiembre, el gobierno de Nicaragua envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una comunicación para responder sobre denuncias de abusos y acoso contra periodistas.
En ese documento se plasmó la respuesta del Estado de Nicaragua a la CIDH ante la audiencia convocada en el 173 Periodo Ordinario de Sesiones en Washington, EE. UU., para tratar el otorgamiento de medidas cautelares al periodista Aníbal Toruño y personal de Radio Darío; Carlos Fernando Chamorro y personal de Confidencial y Esta Semana, así como a Sergio León, director de Radio La Costeñísima y familia.
En defensa de sus políticas de represión, el gobierno alteró la narrativa sobre los sucesos del 21 de abril en León, cuando parapolicías del Frente Sandinista llegaron a la emisora para prenderle fuego con 12 personas dentro del local, que quedaba al costado oeste del parque Posada del Sol.
Según las versiones del Estado, grupos de delincuentes, vandálicos y terroristas armados y encapuchados, incendiaron la radio y dos personas que trataban de evitar que se le causara daño al local, murieron por quemaduras.
Además, de acuerdo con el informe oficialista, el propietario de la radio rechazó denunciar y dejarse entrevistar por la Policía Orteguista, por lo cual se nombró a un investigador de oficio, Walter Gonzalo Fernández Vanegas, quien estaba “al frente” de “las investigaciones” hasta su cierre definitivo por la Ley de Amnistía en junio de 2019.
