Los comisionados mayores elevados a un cargo más alto son los comisionados mayores de la institución, Juan Valle Valle, jefe de la “tenebrosa” Brigada de Vigilancia y Patrullaje; Fidel Domínguez, jefe departamental de León: Yuri Valle, jefe departamental de Rivas; Pedro Rodríguez Argueta, jefe departamental de Carazo; Clifford Alberto Pérez, jefe de Seguridad Personal; y Carlota Espinoza Aragón, jefa de la División de Finanzas.
El nombramiento será oficial en la celebración del 41 aniversario de la fundación de la Policía.
La Jefatura de la entidad la conforman actualmente el Primer Comisionado Francisco Díaz, director general, y como subdirectores los comisionados generales Ramón Avellán, Adolfo Marenco, Aldo Sáenz y el inspector general Jaime Vanegas. Como su comandante supremo está Daniel Ortega.
El pasado cinco de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer que sanciona a la Policía Nacional de Nicaragua, (NNP, siglas en inglés) por su papel en el abuso grave de los derechos humanos desde que inició la crisis política en abril de 2018.
Sanciones
Además, la OFAC sancionó a los comisionados Juan Antonio Valle Valle, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina, por su participación como altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua y líderes de la institución encargada de resguardar la seguridad pública.
“La designación de la OFAC está dirigida a la Policía Nacional como una institución responsable de los abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”, se lee en el comunicado emitido el 5 de marzo de 2020.
"El NNP se designa de conformidad con E.O. 13851 por ser responsable, cómplice o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua. El NNP también está siendo designado de conformidad con la NHRAA por ser responsable o cómplice, o responsable de ordenar, controlar o de otra manera dirigir, o haber participado a sabiendas, directa o indirectamente, de actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso grave o violación de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas en Nicaragua que comenzaron el 18 de abril de 2018”, especifica el OFAC.
