Sala Constitucional corrige a Hacendarios y condiciona el presupuesto
La resolución N.° 45631-2026 de la Sala Constitucional concluyó que la moción N.° 16, con la que se pretendía recortar ₡8.048.128.252 de los fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), incurrió en un “vicio sustancial del procedimiento legislativo”. Según el alto tribunal, la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios infringió el artículo 85 de la Constitución Política, que regula el financiamiento de la educación superior universitaria estatal. La Sala ordenó a la Asamblea Legislativa eliminar las disposiciones declaradas inconstitucionales y advirtió que, si no se corrige el vicio, la rebaja deberá tenerse por excluida del presupuesto, devolviendo las cifras a los términos previos a la aprobación de la moción.
Conare pide respeto al marco constitucional y a acuerdos ya firmados
Tras el fallo, el Consejo Nacional de Rectores subrayó que la discusión del Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para 2026 debe realizarse “con responsabilidad institucional y respeto al marco constitucional”. En un comunicado, Conare sostuvo que lo resuelto por la Sala Constitucional “pone de manifiesto la importancia de que las decisiones legislativas relacionadas con el financiamiento de la educación superior universitaria estatal se adopten con apego a las disposiciones constitucionales y a los procedimientos que regulan esta materia”. Los recursos cuestionados corresponden a ₡8.048 millones cuyo reintegro había sido acordado previamente en la Comisión de Enlace entre el Poder Ejecutivo y las universidades estatales, por lo que el intento de rebaja se percibe como un desconocimiento político de compromisos ya suscritos entre poderes del Estado e instituciones de educación superior.
Impacto en investigación, extensión y planificación universitaria
De acuerdo con las autoridades universitarias, los fondos postergados del FEES están ligados a compromisos de inversión esenciales para la planificación, la investigación, la extensión y la acción social. Conare advirtió que decisiones presupuestarias improvisadas ponen en riesgo proyectos de mediano y largo plazo que las universidades estatales deben ejecutar con estabilidad financiera. A juicio del órgano rector, “el financiamiento de las universidades públicas debe abordarse desde la responsabilidad institucional y el respeto al marco constitucional que lo sustenta”, pues las consecuencias de recortes irregulares no se limitan a la burocracia universitaria, sino que alcanzan al conjunto de la sociedad costarricense al afectar la generación de conocimiento y la atención de comunidades vulnerables.
Tensión presupuestaria y señales sobre la autonomía institucional
La resolución de la Sala Constitucional se inserta en un escenario de fuerte presión sobre distintas autonomías del sector público. Además del caso del FEES, el propio tribunal ordenó eliminar normas de ejecución presupuestaria que afectaban la autonomía del Poder Judicial, enviando una señal clara a la Asamblea Legislativa sobre los límites constitucionales en materia de recortes y condicionamientos. Este doble llamado de atención obliga al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a revisar su estrategia de ajuste fiscal cuando se tocan áreas protegidas por la Carta Magna, como la educación superior universitaria estatal y la administración de justicia. El desenlace del Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para 2026 será la primera prueba de si prevalecen las presiones de corto plazo o el respeto a las reglas constitucionales que sostienen el sistema de autonomías públicas en Costa Rica.







