Sábado 21 Noviembre 2026
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Costa Rica: Patricia Vargas insiste en que el Poder Judicial no pide más dinero sino liberar ₡30.000 millones ya aprobados

Casi ₡30.000 millones del presupuesto del Poder Judicial para 2027 están en el centro de la nueva disputa institucional en Costa Rica. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, afirmó en San José que el Poder Judicial no está pidiendo más dinero ni un aumento en su presupuesto, sino la posibilidad de usar los recursos que la Asamblea Legislativa ya aprobó para el próximo año, luego de que la Sala Constitucional anulara varias normas de ejecución presupuestaria.

Patricia Vargas defiende que el Poder Judicial use los fondos ya aprobados para su presupuesto 2027.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, reiteró que el Poder Judicial no busca más dinero, sino poder ejecutar casi ₡30.000 millones ya aprobados para 2027, tras el fallo de la Sala Constitucional sobre normas de ejecución presupuestaria. (Foto: El Mundo.CR)
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Vargas reclama acceso a fondos ya votados y respalda fallo de la Sala Constitucional

De acuerdo con la jerarca de la Corte Suprema de Justicia, la reciente resolución de la Sala Constitucional confirma las advertencias que el Poder Judicial había dirigido previamente a la opinión pública, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo sobre los riesgos de las normas de ejecución presupuestaria ahora invalidadas. Vargas subrayó que “el Poder Judicial rinde cuentas y continuará rindiendo cuentas con transparencia a la ciudadanía”, al tiempo que defendió la necesidad de disponer sin trabas de los casi ₡30.000 millones que, según dijo, resultan indispensables para sostener los servicios de justicia, atender las necesidades de la población y fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

Supremos Poderes y respeto al tribunal constitucional

La presidenta recordó que, durante la más reciente reunión de Supremos Poderes, hubo un compromiso explícito de acatar la decisión de la Sala Constitucional en materia presupuestaria. “Así lo haremos y confiamos en que los demás poderes también lo hagan”, señaló Vargas, remarcando la obligación de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo de ajustar sus actuaciones al fallo. La dirigente insistió en que el debate no gira en torno a un incremento del presupuesto institucional de 2027, sino a la eliminación de candados normativos que bloqueaban parte de los fondos ya autorizados al Poder Judicial.

Rendición de cuentas y recursos bloqueados en el centro del debate

Vargas desglosó tres puntos que, a su juicio, la ciudadanía debe tener claros. Primero, que “lo que hemos solicitado es poder disponer oportunamente de los recursos que ya fueron aprobados para cumplir con nuestras responsabilidades y garantizar los servicios de justicia que necesita el país”, dejando fuera cualquier pretensión de aumento. Segundo, que la rendición de cuentas no está en discusión, pues se trata de una obligación institucional que el Poder Judicial afirma estar ampliando mediante mecanismos para acercar la información a la población. Tercero, que las normas cuestionadas por la Sala Constitucional mantenían bloqueados recursos que considera esenciales para operar juzgados, despachos y unidades especializadas, en particular las encargadas de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

Un sistema de justicia fuerte e independiente como objetivo declarado

En su mensaje, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia reiteró el compromiso del Poder Judicial con la ciudadanía y enfatizó la necesidad de preservar la independencia judicial en el manejo del presupuesto. Aseguró que Costa Rica requiere un sistema de justicia fuerte para responder a las demandas sociales y enfatizó que la institución seguirá colaborando con la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo en el marco del respeto al fallo de la Sala Constitucional. “Ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando, escuchando y mejorando siempre al servicio de las personas”, concluyó Vargas, dejando abierto el reto de cómo se implementará, en la práctica, la liberación de los casi ₡30.000 millones y la supervisión del uso de esos recursos en el presupuesto 2027.