Martínez, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en su ponencia , explicó que la reforma busca fortalecer la seguridad económica del país y fortalecer la estrategia del Muro de Contención que Nicaragua ha venido desarrollando desde el año 2007
La iniciativa establece la ampliación del listado de actividades y profesionales no financieras relevantes, entre estos los abogados y notarios públicos, "para que apliquen medidas preventivas con enfoque basado en los riesgos, y que designe al Poder Judicial como su supervisor en materia antilavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo y contra el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Dicha normativa jurídica fue establecida el 16 de julio del 2018 en el contexto de la crisis socio política que enfrenta Nicaragua producto de las protestas antigubernamentales acaecidas el 18 de abril del mismo año.
Fuente: 19 digital
